La ex intendenta de Icaño Olga Santillán de Doro aseguró que la resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia que la condenó a reintegrar a la hacienda pública la suma de $6.180.606 por irregularidades en la rendición de cuentas del primer semestre de 2011 "aún no está firme" y que tiene documentación para respaldar su administración. "Tuve una gestión absolutamente transparente y no dejé ni un centavo de deuda", dijo en diálogo con El Ancasti.
"El mayor monto que reclama la resolución del TC es por falta de pruebas del pago de haberes a empleados municipales durante un semestre. Si no les hubiéramos pagado el sueldo a los empleados por dos meses, Icaño hubiera ardido. Si no les hubiéramos pagado por seis meses, no sé lo que hubiera sido", explicó la ex intendenta. En ese sentido, agregó que toda la documentación del pago de haberes "está en el municipio".
Por otra parte, comentó que se puede pedir en la Justicia copia de toda la documentación que ella tenía en la que se podrá probar su inocencia. "En febrero 2012, con el afán de preservar la documentación respaldatoria de todas las rendiciones de cuentas me presenté en Fiscalía. Después vinieron a allanar mi domicilio y se llevaron todo, sin detallar que fue lo que estaban secuestrando", comentó.
Al respecto, señaló que toda la documentación debería estar también en las oficinas de la Municipalidad, pero que "puede haber desaparecido con toda la intencionalidad". "De cualquier forma, sé que se puede acreditar todo lo que digo", sostuvo.
Por otra parte, comentó que junto a sus contadores y abogados presentó un recurso de revisión al TC. "Aportamos varias pruebas documentales y copias certificadas de lo que planteo. Estoy tranquila porque hicimos todo en tiempo y forma. Ahora trato de acercar toda lo que me soliciten", expresó.
Santillán fue condenada por el TC luego de que una auditoría encontrara irregularidades en los libros del municipio, donde se registraron gastos cuya documentación respaldatoria no fue oportunamente proporcionada. Sobre el argumento de la ex funcionaria, la auditoría solo encontró en poder de la Justicia respaldo por un importe de $448.292.