lunes 16 de noviembre de 2026
PROMESAS INCUMPLIDAS EN LA CIUDAD SATÉLITE

Sucesión de irregularidades con las obras del complejo

Por Redacción El Ancasti

El inconcluso puente de ingreso a la Ciudad Satélite, es apenas un detalle de las numerosas irregularidades que rodean a la Ciudad Satélite, polémica que se inicia desde el momento en el que el Instituto Provincial de la Vivienda compró por $20 millones las 300 hectáreas que pertenecían a un grupo de empresarios.

Licitada y adjudicada en 2014, la obra del puente es una de las más importantes de la Ciudad Satélite, puesto que será el principal acceso al megacomplejo habitacional. Ésta y otras 14 obras de infraestructura que fueron planeadas para el predio tuvieron fecha de inicio en septiembre de 2014. Allí, en un acto que presidió la gobernadora Lucía Corpacci, las empresas firmaron el inicio de obra.

Exactamente un año después, y ante el reclamo de los vecinos que quedaban aislados ante cada lluvia, el administrador del IPV, Dante López Rodríguez, prometió que el puente estaría listo para los primeros días de diciembre. Pero no fue así, porque para los primeros días de diciembre apenas llegaron las vigas, que se trajeron de Córdoba y fueron instaladas y hormigonadas. Allí, López Rodríguez volvió a prometer que estaría listo, esta vez para Navidad. Sin embargo, a casi dos meses y medio de la primera promesa, el puente fue habilitado por una autodeterminación del IPV.

Pero no es la única irregularidad que presenta la Ciudad Satélite. También debe considerarse el constante reclamo de los vecinos por problemas de agua, y el de los nuevos adjudicatarios que reciben la vivienda en desigualdad con quienes lograron habitar primero el complejo: en la inauguración y algunas de las entregas sucesivas, los nuevos vecinos habitaron calles adoquinadas, o avenidas asfaltadas. Sin embargo, en las últimas entregas los vecinos reciben sus casas en calles que están con los adoquines a medio colocar, o directamente en calles de tierra que son de difícil acceso para muchos vehículos estándar.

Sin embargo, la mayor de las irregularidades fue el proceso mediante el cual el IPV adquirió los terrenos a un precio que los concejales del Frente Cívico y Social consideraron "módico", y cuya habilitación se consiguió modificando algunas ordenanzas en las que se explicaba que en el lugar, emplazado en plena cuenca del río Ongolí, estaba prohibido cualquier tipo de edificación, e incluso la intervención de las tierras, a las que se consideraba patrimonio arqueológico.

Esto fue largamente cuestionado por el FCS en el Concejo Deliberante de la Capital, donde incluso se cuestionó que la Municipalidad de la Capital cediera una porción de terreno a modo de donación al IPV, con un convenio que aún hoy sigue sin aprobarse por los ediles, porque entienden que es irregular.

La concejal Liliana Barrionuevo (F3P), en más de una oportunidad señaló que en la habilitación y construcción del megacomplejo "surge una manifiesta y clara violación a toda la normativa vigente tanto nacional, provincial como municipal". Lo concreto es que hubo serios cuestionamientos porque la oposición consideró que se violaban ordenanzas al edificar en una zona contemplada como "no urbanizable". Además, responsabilizaron al Estado municipal de direccionar la compra de los terrenos para favorecer a los dueños: Yucuco S.A, Comercial El Tala, Antonio Guillermo Villafañe y Pablo Acevedo, quienes recibieron $20 millones por las 300 hectáreas donde el Gobierno tiene previsto edificar 4.000 viviendas, escuelas, centros comerciales y hasta hospitales.
Seguí leyendo

Te Puede Interesar