La Cámara de Apelaciones decidió volver a "fojas cero" la investigación contra el ex administrador de la OSEP, Julio Prieto, que estaba imputado por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal por irregularidades detectadas en la administración de la obra social. La causa se había iniciado luego de una denuncia de los diputados del Frente Cívico y Social por el escándalo de las órdenes truchas que salió a la luz durante la gestión de Prieto, situación que lo obligó a renunciar al cargo.
De esta forma, la Fiscalía a cargo de Marcelo Sago (encargada de la causa) deberá iniciar desde el principio la investigación contra el ex funcionario.
La determinación de la Cámara se tomó en el marco de una audiencia para definir si la investigación se elevaba a juicio o no. En la jornada expusieron sus posturas la Fiscalía que consideraba que había elementos suficientes para que la causa se defina en un debate público y la defensa del imputado, que se oponía al planteo del Ministerio Público. Prieto no asistió a la cita y en su lugar estuvo su abogado Pedro Vélez. Los fundamentos del fallo del tribunal recién se conocerán el martes.
En diálogo con El Ancasti, Vélez destacó la determinación de la Cámara y recordó que desde que la Fiscalía pidió la elevación a juicio, la defensa planteó "la nulidad de la causa por la indeterminación del hecho".
"Nosotros siempre considerábamos que la acusación era vaga. Se sabía que había un problema contable y que se estaban haciendo las averiguaciones para ver por qué era eso, pero no se pudo determinar la situación hasta que él dejó de ejercer la función pública", dijo.
También había planteado que la denuncia estaba mal hecha porque los denunciantes (diputados del FCS) no realizaron la presentación, ni tampoco otorgaron un poder especial al abogado que realizó la presentación en su nombre.
El origen de la causa contra el ex director fue una denuncia que radicó en febrero de 2014 un grupo de diputados del bloque del FCS, por supuesta comisión de un delito. Los legisladores habían incluido entre las pruebas las declaraciones que el ex director de la OSEP había realizado donde supuestamente daba cuenta de cierto conocimiento de irregularidades en el manejo de las órdenes médicas.
