La empresa Yamana Gold no solo no inició en el Juzgado de Minas de la Provincia los trámites para desistir de sus pretensiones en el litigio judicial que mantiene con la provincial Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE) por el área minera Cerro Atajo. Además, se ocupó de dejar expresa constancia judicial de que mantiene sus expectativas en tal sentido, sujetas a condiciones que se desconocen.
El Ancasti tuvo acceso a una presentación interpuesta el 30 de junio pasado por los apoderados Guillermo Rubén Piccione, de Minera Agua Rica LLC (controlada por Yamana), y Soledad del Carmen Rodríguez, de CAMYEN. En ella informan al Juzgado de Minas sobre un "contrato de exploración con opción de explotación” celebrado por ambas firmas el 27 de febrero de 2015 y solicitan la "suspensión de los plazos procesales” en el juicio por las minas de Cerro Atajo. De inmediato, aclaran específicamente "que la presente solicitud no modifica los derechos de las partes con relación a estos obrados y tampoco implica renuncia alguna sobre nuestros derechos y las acciones instauradas”.
En criollo: el reclamo de Yamana sigue vigente y la única novedad en la contienda por Cerro Atajo es que los plazos procesales han dejado de correr, para que sus pretendidos derechos sobre el área no corran peligro de frustrarse por vencimientos inconvenientes.
La presentación conjunta de Minera Agua Rica y CAMYEN confirma lo que El Ancasti dio a conocer a la opinión pública y desmiente lo que el Gobierno informó el 27 de febrero sobre la situación de Cerro Atajo.
El último párrafo del parte de prensa distribuido ese mismo día por canales oficiales dice: "Cabe destacar que este contrato prevé el desistimiento por parte de Minera Agua Rica de su reclamo por la propiedad de las 17 minas de Cerro Atajo, actualmente en litigio con CAMYEN”.
La flagrancia de la mentira extiende las sospechas sobre las características del vínculo entre Yamana Gold y CAMYEN y la incompetencia y vulnerabilidad a la corrupción de los jerarcas de la sociedad del Estado provincial.
Yamana obtuvo en el terreno judicial lo mismo que con el promocionado contrato de febrero: tiempo para mantener los derechos sobre Agua Rica a un costo mínimo, mientras espera la oportunidad más lucrativa para subastarlos. El ejercicio de esta conducta, que es sistemática, requiere de la complicidad de los directivos de CAMYEN, quienes no han logrado hasta la fecha beneficios que superen el umbral de las promesas.
El contrato de febrero compromete el 3% de participación de CAMYEN en la sociedad que controla Agua Rica, "lo que significa –dice el parte de prensa- que la provincia pasará a tener participación en los dividendos que genere este proyecto, al momento de concretarse”.
Los detalles del contrato no se han difundido oficialmente. La gacetilla no informa sobre lo que pasaría si eventualmente Yamana abandona o vende el proyecto Agua Rica.
Distintas manifestaciones públicas no desmentidas señalan que el contrato supone derechos sobre propiedades mineras para Yamana por un lapso de 40 años.
La multinacional se habría visto agraciada con semejante ventaja a cambio del 3% para CAMYEN de las utilidades de Agua Rica, que no tiene fecha cierta de puesta en marcha. No se conocen instrumentos que garanticen que Yamana continúe en el emprendimiento.
De cualquier manera, la gestión de los ejecutivos de Yamana en la defensa de los intereses de sus mandantes es irreprochable. Los resultados de las tratativas no permiten decir lo mismo de sus colegas de CAMYEN, quienes a la ineptitud para gerenciar los intereses mineros de la Provincia suman ahora perlas dignas de figurar en los anales del fraude publicitario, con la deliberada difusión de mentiras a la sociedad que les paga sueldo y gastos.
De tan evidentemente pobre, el papel jugado por la conducción de CAMYEN se torna inverosímil.
Se extiende la percepción de que los bochornos obedecen menos a la torpeza que a la predisposición para complicarse en componendas inconfesables.