El juez federal, Ricardo Moreno, decidió remitir las actuaciones relacionadas con las supuestas irregularidades encontradas en la mesa 415 de Icaño al fiscal federal con competencia electoral, Santos Reynoso, a los fines de la investigación y determinación del supuesto delito del artículo 139 del Código Electoral Nacional.
La Justicia investigará la denuncia de fraude electoral en Icaño
La normativa mencionada establece que se penará con prisión de uno a tres años a quien impusiera a un elector a votar de manera determinada.
Como se informó, el FCS denunció fraude en las elecciones que se realizaron en la localidad de Icaño (La Paz), y por tal razón pidieron la nulidad de los comicios en el lugar.
Los apoderados del FCS denunciaron que se produjo lo que se conoce como "voto en cadena". Y pusieron como ejemplo el de un joven que fue interceptado por funcionarios del intendente Pío Carleta que le dieron un sobre con el voto para que al momento de sufragar lo coloque en la urna con la promesa de recibir 300 pesos. El joven ya había votado y ante la situación lo comentó a su familia que lo acompañó a realizar la denuncia.
Advertidos por la situación, un fiscal del FCS observó que en el recuento había votos con firmas de las autoridades de mesa que eran apócrifas. Cuando la urna se abrió en el recuento definitivo se constató efectivamente la existencia de un sobre con idénticas características a las que distribuyó la Justicia federal pero con firmas falsas.
En su resolución, el juez federal Ricardo Moreno decidió no hacer lugar al pedido de apertura de urnas en la localidad de Icaño al considerar que corresponde su escrutinio en el modo previsto en el Código Electoral Nacional. Además, resolvió no hacer lugar al pedido de impugnación y nulidad de todas las mesas de Icaño. Pero sí ordenó la investigación.
