por no haberse adherido la provincia a la ley nacional

Existe un vacío legal por la Responsabilidad del Estado

La ley espera su tratamiento en la Legislatura. Los juicios contra el Estado entran en una laguna legal.
1 de agosto de 2015 - 04:00 Por Redacción El Ancasti
Hoy entra en vigencia el nuevo Código Civil de la Nación y, con ello, la Provincia entra en una nebulosa en relación con la forma en que se debe accionar judicialmente contra el Estado y sus funcionarios por posibles actos ilícitos. Es que, tal como lo viene informando El Ancasti, en el tratamiento del nuevo texto normativo, el Congreso de la Nación quitó el artículo que refiere a la responsabilidad civil del Estado y de sus funcionarios y la pasó a una ley especifica que establece cómo deben ser los procesos en su contra (Ley 26.944 de Responsabilidad Estatal). El artículo que se excluye es el 1112 que dice: "Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas son comprendidas en las disposiciones de este título”. El artículo estaba en el título IX que hace referencia a las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos. 
La Ley 26.944 solo contempla el ámbito nacional, por lo que para no entrar en un vacío legal con relación con este tema, cada una de las provincias debía reglamentar una ley que se adhiera a las disposiciones de la nueva norma.  Pese a que esta situación fue advertida hace tiempo, en la Legislatura provincial no se avanzó en ningún proyecto de ley para evitar cualquier laguna jurídica. En la Cámara de Diputados, la diputada Cecilia Guerrero (FV) presentó una iniciativa de estas características pero no tuvo el acompañamiento de sus pares. En el Senado, recién el jueves el Ejecutivo provincial envió el pedido de adhesión que empezará a ser tratado la semana que viene.
En un ejemplo de la realidad, este vacío legal podría afectar a una persona que fue atropellada por un vehículo oficial, ya que al momento de denunciar al Estado por lo ocurrido, el juez que entenderá en la causa no tendrá elementos legales para avanzar en el proceso.  
En diálogo con Radio Ancasti, el asesor general de Gobierno, Miguel Figueroa Vicario, advirtió esta situación y exhortó a los legisladores a tratar la norma lo más rápido posible. "Tenemos una gran preocupación por la falta de tratamiento del Poder Legislativo de esta adhesión que va a generar inconvenientes en el futuro", dijo. A lo que agregó: "A partir de hoy  para poder iniciar una demanda contra el Estado por sus acciones u omisiones ya no nos vamos a poder valer del Código civil y nos tenemos que regir de leyes administrativas que deben ser dictadas por la Legislatura".
Más adelante, señaló que se genera una "incógnita" en relación con lo que pasará con los casos de posibles presentaciones contra el Estado hasta tanto se dicte la ley provincial. En esa línea, señaló que los abogados y los jueces deberán valerse de principios generales del derecho, normas internacionales y demás normas. 
Por último, criticó con dureza a los diputados opositores al señalar: "Justamente hablando de responsabilidad del Estado, ellos como representantes del pueblo tienen incumplida la tarea de dar a la provincia una norma que contemple los supuestos donde el Estado se debe hacer cargo de los daños que produce en su actuación".






Conflicto por la publicidad




Figueroa Vicario ratificó su postura en relación con la polémica por los espacios publicitarios para la campaña política. En ese sentido, dijo que el acceso a los espacios publicitarios está garantizado porque la Provincia, a través de su ley de PASO, está adherida a la ley nacional 26.571 y a su artículo 35 que establece los espacios en los medios. 
No obstante, el FCS ratificó que la DINE indicó que los espacios gratuitos en los medios solo se extienden a las categorías provinciales, si expresamente lo establece el decreto de convocatoria de la Provincia al acogerse al Régimen de Simultaneidad (ley N° 15.262) y  a la ley 26.215 y al artículo 35 de la ley 26.571, reglamentando actualmente por el artículo 7 del decreto N° 1142/15 en iguales términos que su antecesor decreto N° 760/13.



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