La Ley 26.944 solo contempla el ámbito nacional, por lo que para no entrar en un vacío legal con relación con este tema, cada una de las provincias debía reglamentar una ley que se adhiera a las disposiciones de la nueva norma. Pese a que esta situación fue advertida hace tiempo, en la Legislatura provincial no se avanzó en ningún proyecto de ley para evitar cualquier laguna jurídica. En la Cámara de Diputados, la diputada Cecilia Guerrero (FV) presentó una iniciativa de estas características pero no tuvo el acompañamiento de sus pares. En el Senado, recién el jueves el Ejecutivo provincial envió el pedido de adhesión que empezará a ser tratado la semana que viene.
En un ejemplo de la realidad, este vacío legal podría afectar a una persona que fue atropellada por un vehículo oficial, ya que al momento de denunciar al Estado por lo ocurrido, el juez que entenderá en la causa no tendrá elementos legales para avanzar en el proceso.
En diálogo con Radio Ancasti, el asesor general de Gobierno, Miguel Figueroa Vicario, advirtió esta situación y exhortó a los legisladores a tratar la norma lo más rápido posible. "Tenemos una gran preocupación por la falta de tratamiento del Poder Legislativo de esta adhesión que va a generar inconvenientes en el futuro", dijo. A lo que agregó: "A partir de hoy para poder iniciar una demanda contra el Estado por sus acciones u omisiones ya no nos vamos a poder valer del Código civil y nos tenemos que regir de leyes administrativas que deben ser dictadas por la Legislatura".
Más adelante, señaló que se genera una "incógnita" en relación con lo que pasará con los casos de posibles presentaciones contra el Estado hasta tanto se dicte la ley provincial. En esa línea, señaló que los abogados y los jueces deberán valerse de principios generales del derecho, normas internacionales y demás normas.
Por último, criticó con dureza a los diputados opositores al señalar: "Justamente hablando de responsabilidad del Estado, ellos como representantes del pueblo tienen incumplida la tarea de dar a la provincia una norma que contemple los supuestos donde el Estado se debe hacer cargo de los daños que produce en su actuación".



