A partir de agosto entra en vigencia en el país el nuevo Código Civil, con este el Tribunal de Cuentas, órgano que debe controlar los usos de los recursos de la administración pública, tendrá un vacío legal para actuar.
Hasta el momento, en la Cámara de Diputados ingresaron dos proyectos para poder dar un marco legal a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Ambos pertenecen a la diputada Cecilia Guerrero, uno de ellos sería un proyecto de su autoría, y el otro la adhesión de la provincia a la ley nacional. Sin embargo, hasta la fecha ninguno recibió tratamiento.
