En la primera semana de agosto se definirá si se eleva a juicio oral la causa en la que el ex director de OSEP Julio Prieto está imputado por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal por las irregularidades detectadas en la administración de la OSEP.
En marzo de este año, el ex funcionario fue enviado a juicio por el fiscal Marcelo Sago, cuando estaba al frente de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. El fiscal consideró que el ex funcionario incumplió obligaciones que le correspondían al conocer que ocurrían presuntas irregularidades en la venta de órdenes médicas y no realizó denuncia ni actuaciones para establecer si alguien cometía un delito o no.
El abogado del imputado, Pedro Vélez, se opuso a la medida y pidió el sobreseimiento, mientras que los fiscales defendieron la elevación a juicio. La causa quedó en manos del Juzgado de Control de Garantías, quien ordenó la remisión a la Cámara de Apelaciones para que se realice el juicio oral.
Es por ello que en la primera semana de agosto, en la Cámara de Apelaciones, se realizará la audiencia oral, en la que se resolverá si se ratifica la elevación a juicio o se da lugar al planteo de la defensa.
La novedad será la oralidad en el proceso, ya que se trata de una de las últimas modificaciones introducidas al Código de Procedimientos Penales para agilizar el servicio de justicia.
En la audiencia interviene el tribunal que está integrado por Raúl Da Prá, Edgardo Álvarez y un juez subrogante, quienes escuchan a las partes y luego toman una resolución.
Detalles de la causa
El origen de la causa contra el ex director fue una denuncia que radicó en febrero de 2014 un grupo de diputados del bloque del FCS, por supuesta comisión de un delito. Los legisladores señalaron, entre algunas de las pruebas, las declaraciones que el propio director de la OSEP realizó, unos días antes de la radicación de la denuncia y cuando ya había abandonado su cargo, ante los micrófonos de Radio Ancasti.
La acusación del fiscal contra Prieto señala que en un período de tiempo que podría ubicarse entre agosto y diciembre de 2013, mientras ejercía funciones al mando de la Obra Social de los Empleados Públicos, tomó conocimiento, por diversas fuentes dentro del organismo, que existían o que había sospechas de irregularidades en el expendio, rendición y pago de las órdenes de consulta médica (del denominado 1º nivel), al Círculo Médico de Catamarca.
En concreto, se señala que había diferencias entre las órdenes médicas que se emitían y las que finalmente se pagaban, que naturalmente eran muchas más que las que figuraban en el sistema de la OSEP. Frente a estos informes, Prieto no habría realizado, por ejemplo, una denuncia penal para establecer responsabilidades dentro de la Obra Social.
Al no haber dado a conocer esta situación, le reprocha el fiscal en la acusación que estas falencias perduraron en el tiempo y, por lo tanto, generaron un perjuicio al Estado provincial. Frente a esta presunción, el fiscal acusó al ex director de los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal.