La Cámara de Apelaciones rechazó los planteos de nulidad y apelaciones que fueron presentadas por las defensas de los imputados en la causa por el Megafraude de Desarrollo Social y confirmó la elevación a juicio de la causa. De esta manera, se podría determinar la responsabilidad de funcionarios, empleados del Estado y empresarios por la contratación de cursos de capacitación que no se realizaban o se realizaban sin el número de asistentes declarado, y por los que se pagaban abultadas sumas de dinero. Aunque los imputados podrían casar el fallo de la Cámara de Apelaciones para recurrir ahora a la Corte de Justicia.
Para el Tribunal, los planteos fueron reiterativos puesto que ya habían sido presentados con anterioridad y resueltos en su momento. En este sentido, el Tribunal consideró que fueron estrategias para dilatar el proceso. Debido a esto, la causa se eleva a juicio oral con los diez acusados que tuvo desde el 2004 cuando se inició la denuncia.
Según pudo conocer El Ancasti, el fallo fue por mayoría. El presidente de la Cámara de Apelaciones, Raúl Da Pra, y el subrogante Rodolfo Bustamante votaron a favor, en tanto que, el juez subrogante Carlos Roselló votó en disidencia porque entendió que los imputados debían ser sobreseídos, no por la prescripción de la causa sino por el tiempo que había transcurrido desde la denuncia.
En esta oportunidad, Ernesto Álvarez, camarista de Apelaciones, se inhibió por aducir amistad manifiesta con uno de los imputados.
La Cámara tenía una vacante a partir de la salida de Juan Carlos Reynaga que pasó a la Justicia federal.
A los imputados les queda una última instancia que es la casación del fallo ante la Corte de Justicia.
Los imputados
En junio del año pasado, el juez de Control de Garantías, José Antonio Carma, dictó una resolución por la que eleva a juicio a los 10 imputados que tiene la causa por el delito de fraude contra la Administración Pública.
Se trata del ex secretario de Desarrollo Social durante el primer tramo de la primera gestión gubernamental de Eduardo Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, por 24 hechos; el ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, por 24 hechos; el ex presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante (13 hechos); el titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu (11 hechos).
La medida alcanza también a Nancy Madueño, una ex empleada de Desarrollo Social (24 hechos), y a funcionarios que se desempeñaban en el Ministerio de Hacienda. En este sentido, está involucrado el ex contador de la Provincia, Juan Andrés Barrios (24 hechos); la ex subcontadora general, Susana De la Colina (24 hechos) y los ex empleados Cristina Barros de Voget (24 hechos), Guillermo López (24 hechos) y Liliana Jalil de la Barrera (24 hechos).
La causa pasó por varias instancias judiciales que complicaron su elevación a juicio. A fines de abril de 2010, Carma ya había elevado la causa a juicio, pero solo comprometía a Córdoba Molas, Regina y Carlos Arriazu.
En ese marco, dictó el sobreseimiento para el resto de los imputados en forma total y definitiva. No obstante, el fiscal instructor de la causa apeló la resolución de Carma al considerar que todos debían ir a juicio porque de la investigación surgía que hubo omisiones en el control que facilitaron toda la trama de corrupción.
En agosto del 2013, la Cámara de Apelaciones revocó el sobreseimiento de los ex funcionarios, empleados y funcionarios. La resolución ordenaba al juez de Control de Garantías que dicte el procesamiento para el resto de los imputados.Dictamen del TC
Por otra parte, en abril de 2014 , el Tribunal de Cuentas había confirmado el megafraude cometido en el área de Desarrollo Social a través de actividades de capacitación organizadas por fundaciones.
El dictamen confirmó que Desarrollo Social pagó por cursos que nunca se realizaron o que se realizaron con padrones de participantes inflados, porque se pagaba por concurrente.Probada la estafa, el ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, el ex director de Políticas Juveniles del área, Ariel Regina, y el ex presidente de la fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, entre otros, debían devolver $1.243.725, además de pagar multas por transgredir disposiciones legales y reglamentarias. Junto a ellos fueron multados, con sumas irrisorias, otros ex funcionarios que intervinieron en los expedientes para los pagos fraudulentos, que se tramitaban con llamativa celeridad.
La trama de las capacitaciones
El megafraude fue revelado por una investigación de El Ancasti en octubre de 2004. Fue el primer caso de corrupción en la recién iniciada gestión de Eduardo Brizuela del Moral, quien había jerarquizado el área de Desarrollo Social con el fin de diferenciarse de su antecesor, Oscar Castillo. Desarrollo Social estaba estigmatizada por el escándalo de las "compras directas” y el "negocio del hambre”. En aquel momento, El Ancasti ventiló las supuestas maniobras fraudulentas, al advertirse que el Estado costeaba cursos de perfeccionamiento, los cuales no se realizaban o tenían un número de asistentes que era inferior al real.
En la trama aparecieron involucradas dos fundaciones que eran contratadas para dictar las capacitaciones.
Las sospechas estaban, además, centradas en la asombrosa celeridad con la que expedientes de entre $130.000 y $270.000 eran pagados. Es por eso que están imputados ex funcionarios y empleados del Ministerio Hacienda.
Esta situación, en principio irregular, fue el detonante para que los empleados de las áreas de Tesorería y Contaduría General también fueran investigados.
En ese momento, Brizuela del Moral apartó del cargo a Córdoba Molas y a Regina. Luego, designó a Marta Torres de Mansilla.
La instrucción reveló que el daño causado al erario provincial ascendía a unos 4,2 millones de pesos.
