La ley que aprobó la Cámara de Diputados y establece un resarcimiento a las víctimas de la dictadura militar tiene varias diferencias con relación al proyecto original. Es que el Senado, para que la normativa pueda ser aplicable, introdujo varias modificaciones.
En ese sentido, la ley aprobada por la Legislatura establece que el resarcimiento será para los agentes que hayan sido cesanteados durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983.
Los posibles beneficiarios deberán presentar toda la documentación probatoria por "cualquier medio idóneo" a la autoridades de aplicación (Ministerio de Gobierno y justicia) en un plazo de seis meses después de la publicación de la norma.
La autoridad de aplicación tiene un plazo entre 30 y 90 días corridos para emitir la resolución sobre el otorgamiento del resarcimiento.
El proyecto aprobado establece que cualquier otro beneficio indemnizatorio recibido a través de normas nacionales, provinciales, municipales o acciones judiciales serán consideradas como parte integrante del resarcimiento establecido por esta ley.
Además, quedan excluidos del beneficio las personas que habiendo sido cesanteadas hayan sido incorporadas en la administración pública provincial y municipal en un plazo inferior al año desde su baja. También quedan exentos quienes hayan prestado funciones en agencias estatales de inteligencia, en cualquier fuerza represiva o de seguridad, sean de origen nacional, provincial o municipal donde hubieran ejercido como informantes o colaboradores durante el gobierno de facto.
El resarcimiento será el resultado de multiplicar la remuneración bruta de la categoría 18, (sin considerar adicionales por función) por la cantidad de años transcurridos desde la fecha de su exclusión laboral, hasta la fecha de reincorporación a la administración pública. A su vez, la norma establece que no podrá ser superior a 10 sueldos.
El Ejecutivo establecerá con los beneficiarios la forma en qué se pagara la deuda.
Por último, la normativa establece que los gastos que impliquen este resarcimiento estarán contemplados en el presupuesto 2015. Al no haber presupuesto, el Ejecutivo deberá analizar cómo hace operativa la norma.
Diferencias El proyecto original presentado por Rubén Ceballos establecía que el monto del subsidio se completaría multiplicando la remuneración de la categoría 24 por año fuera de la administración. Además, incluía otros adicionales. La iniciativa original no establecía de dónde saldrían los fondos para los subsidios.
Festejo. Los cesanteados celebraron la aprobación de la ley