Lejos de calmarse los ánimos se profundiza el conflicto entre los empleados de la Terminal de Ómnibus de Catamarca y la Unidad Ejecutora del Gobierno provincial a cargo de las instalaciones.
La semana pasada denunciaron públicamente que los trabajadores de las distintas áreas vendrían soportando "malos tratos” por parte de la patronal actual. Un grupo que empleados que, por el momento solicitó resguardar su identidad, relató a El Ancasti que se intensificaron las "persecuciones”.
Concretamente, señalaron que una familiar directa del actual encargado de la Terminal, Federico Bolaño, es quien asumiría atribuciones que no le corresponden. "Es la hermana de Bolaño, que trabaja en Administración, quien nos dijo el otro día que no nos hagamos los vivos porque hay 42 postulantes listos para entrar. Es maleducada y nos amenaza con echarnos todo el tiempo porque el período de prueba de tres meses se cumple en febrero”, acotaron.
Los trabajadores indicaron que no hicieron aún la denuncia en Inspección Laboral debido a que temen por la continuidad de la fuente laboral.
Sin embargo, sostuvieron que comenzaron a realizar consultas con abogados laboralistas a los fines de poder resguardar su puesto de trabajo y promover una sanción disciplinaria hacia la empleada administrativa que tendría un incorrecto proceder.
Solicitud
Por otra parte, solicitaron al Gobierno provincial que intervenga en el conflicto a los fines de recuperar la armonía laboral que había en la Terminal de Ómnibus. Y reclamaron un cambio de actitud de la empleada que supuestamente generaría la problemática.
Disputa por la concesión
A principios de año se conoció la resolución de la Corte de Justicia, que decidió desestimar el recurso de amparo presentado por la empresa de Guido Mogetta contra la Provincia para que se dé marcha atrás a la decisión del Gobierno de no prorrogar el contrato por la Terminal de Ómnibus. El criterio adoptado por la Corte es que la cuestión no debería ser resuelta mediante un amparo, sino que tendría que ser analizado en otro ámbito, como un juicio contencioso administrativo. Mogetta había presentado una acción de amparo ante la Justicia por la supuesta "arbitrariedad” del decreto acuerdo Nº 2038 del 6 de noviembre firmado por la gobernadora Lucía Corpacci.