La discusión por el criterio para la distribución del Fondo de Financiamiento Educativo forma parte de las asignaturas pendientes que quedaron en la Cámara de Diputados durante los últimos años. Hubo dos proyectos que planteaban la necesidad de distribuir los fondos entre los municipios. Las iniciativas quedaron radicadas en Comisión.
En mayo de 2013, el ex diputado Pablo Sánchez (FCS) ingresó un proyecto por el que solicitaba informes con respecto a las transferencias realizadas a los municipios. En aquel momento, a través de un informe publicado en El Ancasti, Sánchez ya advertía sobre los fondos adeudados a las comunas.
El año pasado, el diputado Miguel Vázquez Sastre (FCS) presentó un proyecto por el que propone que los fondos que se detraen de la coparticipación provincial para integrar el Fondo de Financiamiento Educativo se distribuyan en las comunas para garantizar que los municipios lo inviertan en educación.
La Comisión de Hacienda envió una nota al Ejecutivo por la que consultaba sobre la conveniencia de distribuir las partidas entre los municipios. En aquel momento, los ministros Ricardo Aredes y José Ariza contestaron con un informe en el que detallaron los inconvenientes que enfrenta el Gobierno porque los intendentes no completan la rendición de fondos que reciben por programas nacionales.
La nota también señalaba que los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE) provienen de fondos coparticipables y pasan a conformar un fondo diferente, por lo que ya no son coparticipables.
Señalaba que el FFE debe ser distribuido entre los municipios para hacer frente a los gastos por sus regímenes de educación. Confirma que solo 4 municipios cuentan con su propio sistema educativo: Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Santa María.
Agregaba que la forma de distribución del FFE no está reglamentada, razón por la cual cada provincia tiene la facultad de adoptar el método más adecuado a sus respectivos regímenes municipales.
En este marco concluía que el proyecto propuesto por el FCS desnaturaliza el fin y el propósito del Fondo de Financiamiento Educativo.
Otro antecedente
En su proyecto, Vázquez Sastre señala que la Municipalidad de la Capital de la provincia de Córdoba en 2013 reclamó al Gobierno provincial el envío de los fondos por la Ley de Financiamiento Educativo. Era la primera demanda judicial ante el Tribunal Superior de Justicia por esos recursos. Finalmente, en diciembre de 2013, el Gobierno provincial y municipal acordaron el envío de los fondos con la firma de un convenio desestimando la vía judicial, la comuna recibió 25 millones por el año 2013 y 35 millones por 2014 en 10 cuotas. "La presente iniciativa busca evitar demandas judiciales por parte de municipios al Gobierno provincial a través una justa distribución de los fondos" manifestaba en la iniciativa que ingresó en julio de 2014.