Catamarca figura entre las 12 provincias del país en las que no se puede acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, excepto que medie una orden judicial. El dato surge de un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre los inconvenientes para conocer el patrimonio declarado de cada funcionario provincial o municipal.
En el mapa del país, dividido por colores, puede establecerse en nivel de accesibilidad a las declaraciones juradas (DD.JJ.) de las autoridades de la provincia:
-Secreto (rojo): comprende a aquellas provincias en las que no se permite bajo ninguna circunstancia dar vista de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, excepto que medie una orden judicial. Las 12 provincias que no apuntan a generar una mayor transparencia y mayor control de la gestión de sus funcionarios son: Catamarca, Tucumán, Jujuy, Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
-Acceso Restringido (amarillo): se da en las provincias en las cuales el solicitante debe demostrar un interés legítimo, o una sospecha suficiente sobre un enriquecimiento ilícito en el patrimonio de un funcionario para poder consultar las declaraciones juradas, situación que en sí misma genera una barrera de acceso. Una situación similar sucede cuando solo se puede acceder a la DD.JJ. sintéticas, es decir, casos en donde no se presenta información suficiente e integral sobre el patrimonio del funcionario, por lo que se aplica el criterio de "acceso restringido”. En este grupo de 6 provincias se encuentran: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Chaco.
-Libre Acceso (verde): alcanza a un puñado de provincias en las cuales la ciudadanía puede acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios realizando el pedido formal o no, ya que en diversos casos, se puede consultar directamente en la web oficial del Gobierno. Las 5 provincias -sobre un total de 23- que propenden a jerarquizar la gestión de sus funcionarios son: Salta, La Rioja, La Pampa, Corrientes y Tierra del Fuego.
La ley nacional
Nº 25.188
A 15 años de la sanción de la ley nacional Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, puede observarse la poca repercusión de esta normativa a nivel federal. De hecho, el 80% de las provincias no han adaptado sus legislaciones locales a fin de garantizar el "libre acceso” a las declaraciones juradas de sus funcionarios públicos.
"El libre acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos es una de las herramientas más importantes con las que cuenta la sociedad civil para conocer los bienes, ingresos y antecedentes laborales de quienes ejercen cargos públicos, información que resulta clave para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades y conflictos de intereses en sus funciones. Declaraciones juradas claras, completas e integrales permiten alcanzar una mayor transparencia en la función pública, garantizar una efectiva rendición de cuentas gubernamental, así como prevenir y combatir la corrupción”, sostienen desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.