En diciembre de 2000, el por entonces gobernador Oscar Castillo y su gabinete firmaron el decreto-acuerdo 1544/00, por el que se elevó el límite autorizado para las compras directas -sin licitación ni concurso de precios- en Acción Social a 350 mil pesos por operación. Además, se eximió al área de cumplir con los requisitos de la ley de Administración Financiera para impedir desdoblamientos de contrataciones. La oposición peronista calificó años después al instrumento como el "estatuto legal de la rapiña".
Acción Social quedó desde entonces inmersa en la polémica por las sospechas de maniobras espurias. Antes de la causa penal que ahora se tramita en la Unidad de Delitos Criminales, iniciada en 2004, hubo otra impulsada por el ex fiscal de Instrucción Eloy Tapia Vergara.
La investigación judicial detectó que se realizaron en poco tiempo varias compras de los mismos productos, desdobladas en varios expedientes que se tramitaban paralelamente.
También hubo un dictamen del Tribunal de Cuentas que confirmó las irregularidades. Al organismo le resultó imposible determinar si los elementos adquiridos habían llegado en efecto a manos de los beneficiarios. Y se determinó que un 70% de las compras directas se cerraron con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales había iniciado sus actividades poco antes de comenzar a proveer al Estado.
Elevación a juicio
Tras una larga investigación, el fiscal Ezequiel Walther dispuso elevar a juicio la causa que involucra al ex ministro de Salud Pablo Doro, al ex subsecretario de Acción Social Víctor Hugo Brandán, al ex encargado de depósitos Guillermo Martínez, a la ex directora de Servicios Administrativos Teresa Miñaura y a la ex encargada del Servicio de Contaduría, Carlina Zurita.