El ministro de Hacienda, Ricardo Aredes, consideró "inviable” la aplicación del proyecto de ley que otorga un resarcimiento económico a los cesanteados en Gobiernos no democráticos. El planteo del ministro fue a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a pesar de que los legisladores de la alianza radical-barrionuevista ya habían dado despacho a la iniciativa.
Para Hacienda, el subsidio a cesanteados es "inviable"
En el informe elevado por el funcionario se destaca que el proyecto no establece la fuente de financiamiento con que se pagarán los resarcimientos. En ese sentido y haciendo un análisis del flujo de ingresos y egresos de la Provincia, se deja en claro que la norma no puede ser solventada en el actual ejerció fiscal porque "no se cuenta con créditos presupuestarios”.
En la presentación, se incluye además un análisis realizado por la Subsecretaría de Finanzas donde se resalta que el proyecto no establece la cantidad exacta de personas cesanteadas, como así tampoco la suma de los años transcurridos desde que fueron dados de baja en la Administración pública para cuantificar el monto total de la indemnización. No obstante, esta Subsecretaría realizó un cálculo en base a una nota firmada por 38 cesanteados elevada a la presidencia de la Cámara de Diputados en la que solicitan el trámite ante la Provincia para el otorgamiento de un adelanto de 200.000 pesos a cuenta de una indemnización que se tramita en el Congreso de la Nación.
De acuerdo con esa nota y multiplicando los 200.000 pesos por los 38 firmantes, el Estado tendría que pagar la suma de 7.600.000 pesos. Esta cifra está lejos de lo que podría ser realmente la erogación, teniendo en cuenta que los representantes de los cesanteados señalaron que los beneficiados con el proyecto ascenderían a 5 mil personas.
El proyecto de autoría del diputado Rubén Ceballos (FV) establece un resarcimiento para todos los empleados de la administración provincial que fueron cesanteados en los gobiernos no democráticos (incluye la intervención federal). El subsidio se compone de un sueldo de la categoría más alta del escalafón general (incluyendo aportes y demás beneficios), por año que el cesanteado estuvo fuera de las Provincia.
La oposición en Diputados dio despacho al proyecto. No obstante, puso como tope la suma de 200.000 por cesanteado. Y, solamente, incluye a las personas dadas de baja hasta 1983 (retorno de la democracia).
