jueves 19 de noviembre de 2026
EL DEBATE CONSTITUCIONAL

Queremos aportar sin beneficio de inventario

Por Redacción El Ancasti
El sector del Partido Justicialista que conduce el Poder Ejecutivo Provincial ha propuesto el debate de una reforma de la Constitución de la Provincia y recogemos el guante. En los sistemas democráticos, una Constitución legítima es aquella que expresa el contrato social en toda su densidad: en la unidad del cuerpo político, en la diversidad de sus expresiones, en la amplitud de sus pactos de convivencia y en la impronta del momento histórico en el que esos acuerdos son construidos.

Es cierto que la Gobernadora no ha propulsado todavía un proyecto concreto, sino una simple enumeración de ideas. También que no ha construido los consensos necesarios, ni aún adentro de su propio partido, para evitar que las buenas intenciones naufraguen. Pero no vamos a ampararnos en la comodidad de la suspicacia para eludir un debate. Vamos a suponer que, aun en medio de una crisis económica y política grave, que orienta las aflicciones de la sociedad en otro sentido, los propósitos declamados son genuinos. Vamos a suponer que la Gobernadora quiere cambiar la Constitución porque admite los gravísimos defectos de un texto impuesto por una mayoría circunstancial en 1988. Sin beneficio de inventario, queremos aportar al debate. Queremos que la ciudadanía catamarqueña evalúe sin prejuicios si están dados los supuestos de necesidad, oportunidad y conveniencia que se demandan para una reforma. 

¿Por qué queremos que Catamarca profundice estas discusiones? Porque no hay verdadera Constitución sin acuerdo.

Por algo los textos constitucionales en todo el mundo democrático requieren de mayorías especiales para su sanción o reforma. Porque establecen los cimientos de la convivencia, los criterios básicos para la resolución de los conflictos y la orientación estratégica de un colectivo social.

Años de guerras civiles padeció nuestro país en los intentos frustrados de imposición. Las constituciones de laboratorio solo sucumbieron cuando en 1853 una Constitución con realismo y consenso alumbró la organización nacional.

Ese mismo texto sufrió embates posteriores. Los aportes al Estado Social que aparecían en 1949 se vieron frustrados porque excluyeron a medio país para su formulación, del mismo modo que las enmiendas de 1957 nacieron viciadas por la vindicación y el revanchismo que signaron ese momento histórico.

Solo una reforma constitucional se hizo por acuerdo político en la Argentina reciente. Son muchas las tareas pendientes para su aplicación, pero está claro que la única reforma por consenso, en todo un siglo, fue la de 1994.
Funcionó porque los sectores políticos se avinieron a convenir un núcleo de coincidencias básicas. De esa reforma nacieron consensos elementales de amplísima proyección. Valga un ejemplo: ningún juicio definitivo por crímenes de lesa humanidad se hubiese realizado si tratados internacionales sobre la materia no hubiesen sido incorporados con rango constitucional.

La Constitución provincial de 1988, en cambio, no fue objeto de un acuerdo sino de una apresurada imposición. Nos alegra que, a más de dos décadas, el Justicialismo de Catamarca reconozca ese error de magnitud primordial.
Viene de este modo también a coincidir con los numerosos proyectos presentados por los hombres y mujeres de mi partido en la Legislatura provincial a lo largo de muchos años. Iniciativas dignas de debate que nunca fueron impuestas por el Frente Cívico y Social cuando, teniendo el predominio parlamentario, carecía de las mayorías especiales que la buena doctrina constitucional requiere para garantizar acuerdos abarcativos y no excluyentes.
Ojalá que ahora que el Justicialismo analiza cambiar de posición, esos proyectos merezcan el análisis que antes le fue negado. Las ideas propuestas por la Gobernadora serán un aporte del mismo valor en el debate futuro.

También así se comenzará a reparar la oposición cerril de la que fue objeto el proyecto de eliminación de la reelección indefinida del Gobernador y Vice puesto a referendo del pueblo de la Provincia mediante un mecanismo plebiscitario.

Habiendo sido autor de esa iniciativa, me satisface particularmente que los objetores de entonces reconozcan la relevancia histórica de aquel proyecto e intenten sumarle una addenda de reflexiones propias.
Algunas de ellas, sin embargo, no necesitan de tanto empeño reformista sino de la simple buena fe del interlocutor político.

La Gobernadora puede firmar esta tarde, por ejemplo, el decreto de convocatoria a elecciones.

Fijar la fecha en la que se dirimirán en las urnas las disputas de coyuntura y despejar el punto inicial del debate reformista: la incertidumbre del escenario político inmediato en el que se intentarán construir los consensos amplios que necesitará en futuro una nueva Constitución.
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