domingo 22 de enero de 2023

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disputas internas por un cargo en la administración pública

Polémica por el nombramiento de hijos de empleados en el TC

El organismo de control tiene una partida autorizada para realizar 45 nombramientos. A pedido del gremio, 27 cargos serían para la descendencia de los agentes.

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Por Redacción El Ancasti

Una gran polémica se generó en los últimos días en el Tribunal de Cuentas a partir de la decisión de incorporar a 27 agentes, hijos de empleados del Tribunal, en una medida que había sido consensuada entre el gremio que  nuclea a los agentes del organismo y  las autoridades. Sin embargo, la  decisión generó diferencias internas ya que la posibilidad de designar a un hijo de un empleado en un contexto de alta demanda laboral generó  controversias entre los mismos agentes.

 

El Tribunal de Cuentas había solicitado para este año una ampliación del presupuesto que le permitiera realizar incorporaciones de personal ante el incremento de las tareas de control que tiene el organismo. Fue así que en los primeros meses del año se realizó el nombramiento del personal profesional y técnico .  

 

De acuerdo con el presupuesto elaborado, había un cupo de 45 cargos para empleados administrativos que ingresarían con las categorías más bajas . Según pudo averiguar El Ancasti, el gremio había solicitado que 38 lugares se destinen a los  hijos de empleados que supuestamente tendrían el perfil para desempeñarse en la entidad de control. Fue en ese mismo momento que comenzó una situación de "tire y afloje”, presiones y  rondas de diálogo ya que la conducción del tribunal que ejercen Mardonio Díaz Martínez en la presidencia, junto a los vocales Víctor Villarroel y Laura Corletti pretendían tener cupo para los nombramientos que ellos mismos propusieran de acuerdo con las necesidades del organismo.  

 

Fue así que se acordó que el Tribunal cedería 27 cargos para los hijos de los empleados y 18 quedarían a criterio de la conducción. El mismo gremio se encargó de "seleccionar” a los empleados que se beneficiarían con la medida. Pero la situación volvió a entrar en un marco de tensión cuando algunos empleados cuestionaron los nombramientos que ingresaban en el cupo de 18 ya que supuestamente se beneficiaba a otros agentes, por fuera del cupo acordado con el gremio.

 Ayer estaba previsto que Díaz Martínez firme la Acordada. Sin embargo, tomó la decisión de postergarlo ante un nuevo conflicto que estalló en el organismo.

 

 

Versión

 

La secretaria general del gremio del Tribunal de Cuentas, la contadora Mirta Aísa, reconoció que se había avanzado en la designación de los 27 hijos  de empleados. Aclaró que no solo se trata de los familiares de empleados que pertenecen al gremio sino también de otros agentes del mismo organismo.  Aísa negó que hubieran mantenido alguna diferencia por el cupo que tiene el directorio y en este sentido se mostró agradecida de la oportunidad que habilitó la conducción ya que permitió que el 60% de los cargos quede para los empleados. Agregó que el gremio no conoce quiénes serían las personas que ingresarían por el cupo externo y, por lo tanto, aseguró que no realizaron cuestionamiento alguno.    

 

De igual modo aseguró que las vacantes existen y, por otro lado, se necesita cobertura inmediata . "El Estado ha crecido tanto que es imposible controlar con la gente que tenemos en la actualidad". En este sentido dijo que los jefes de área habían presentado varias notas en las que reclamaban la necesidad de  dar cobertura". A modo de ejemplo, relató que es la jefa del área de Revisión de Cuentas que tiene responsabilidad sobre 1000 cuentas del Estado.

Consultada por el criterio para seleccionar a los beneficiados para ingresar a la administración pública dijo que se tuvo en cuenta a estudiantes de carreras de Abogacía, Ciencias Económicas o de la Tecnicatura en Administración Pública.  

 

Según su versión, el gremio no tuvo diferencias con las autoridades. Sin embargo, reconoció que se demora la firma de la Acordada.

 Lo cierto es que la polémica estalló en las redes sociales y a partir de allí tomó trascendencia pública. Pero además se instaló que la situación se tiene que definir con cierta urgencia en septiembre ya que, a partir de octubre, el Ministerio de Hacienda solicita a los organismos que envíen los gastos ejecutados hasta septiembre. Esa es la base para formular el presupuesto del año próximo y si el organismo no ocupó la partida que tiene autorizada corre riesgo de perderla, es decir, esos cargos que ahora tienen presupuesto ya no estarían para el año próximo.

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