"Definitivamente hay una connivencia, porque de ninguna forma se podría dar esta situación. Intenté hablar con el intendente y nunca lo pude encontrar. No se puede realizar nada de una manera ejecutiva en Santa María porque uno está totalmente desamparado. Si usted se siente desamparado, ve un estado de violencia y no le aseguran los mínimos derechos de circulación dentro de su propiedad, porque automáticamente usted se siente agredido, imagínese que mucho menos va a pensar en hacer algún tipo de inversión", explicó Salas Piscitelli en relación con el terreno que le fue usurpado en Santa María, a pesar de contar con la posesión legal del lugar.
Para la UIT, la Justicia local imposibilita inversiones
"Esto va a generar la conciencia acabada de que no es un lugar aconsejable para ningún tipo de inversión ni de emprendimiento, porque si la Justicia no se ejerce con fuerza y no se cumple la ley, ¿para qué vamos a invertir?" se planteó el presidente de la UIT.
En tal sentido, comentó que en diciembre pasado se reunió con la gobernadora Lucía Corpacci, porque había mucho interés de empresarios tucumanos por instalarse en la provincia. "No nos olvidemos que es una zona minera, interesante para invertir, que tiene muchos terrenos para la agroindustria. Teníamos información de que la vocación de la gestión de Corpacci era la de promover la radicación industrial, y no lo dudo. Tienen todos los recursos, todas las tierras y toda la vocación política, pero hay falencias en algunos sectores de la Justicia que hacen imposibles las inversiones con estos códigos", dijo.
Por último, agregó que, si bien no dice que no hay que invertir en Catamarca, "hay que arbitrar los medios para que los delincuentes estén en su lugar, ordenar la jurisdicción y dar todas las garantías y toda la seguridad jurídica para la radicación industrial".
La causa
Salas Piscitelli, junto a Héctor Yapura, son dos de los perjudicados por los usurpadores en Santa María. Ambos son defendidos por el abogado tucumano, Gustavo Morales, quien solicitó el jury para el fiscal González, ya que consideraron que existe "una organización delictiva con el fin de usurpar tierras en connivencia con el intendente, Jorge Andersch" y el propio fiscal. Además, le enviaron una nota a la Gobernadora para informarla de la situación. La documentación fue acompañada por fotografías, en las que se probaría el uso de vehículos municipales en los trabajos que se realizan en esos terrenos.
"En Santa María tengo un predio, una manzana a seis cuadras de la plaza principal. Los usurpadores lo ocuparon y comenzaron a trabajar con tractores, carros hidrantes y operarios de la municipalidad de Santa María. Estos personajes forman parte de un organización que descubrimos y advertimos al fiscal González. Ocupan los terrenos, talan los árboles, generan planos apócrifos para loteos, con la intervención de un agrimensor, venden y estafan. Nunca pueden dar títulos de propiedad ya que no son dueños legítimos. Se trata lisa y llanamente de una asociación ilícita. El fiscal, el intendente y los empleados son participes necesarios para generar este negocio inmobiliario ilegal", dijo Salas Piscitelli.
