El ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, reveló que la contratación de las fundaciones Ideia y Jóvenes en Progreso venía de cuatro años antes en relación con su paso por la gestión pública.
Megafraude: Córdoba Molas apuntó a la gestión de Castillo
Córdoba Molas, quien quedó imputado por 24 hechos en la causa conocida como "Megafraude", reveló ayer que antes de dejar la función pública había descubierto que la trama de las capacitaciones con las fundaciones venían de la gestión de Oscar Castillo (1999-2003). En aquel momento, Víctor Brandán que uno de los funcionarios que se desempeñó en la ex Subsecretaría de Acción Social.
Córdoba Molas consideró que hay elementos que los fiscales que investigaron la causa no tuvieron en cuenta y que serán aportados en el debate oral a partir de la elevación a juicio de la causa. "Hemos acercado pruebas de que cuatro años antes de que uno estuviera en la gestión ya existían estas maniobras, los mismos vicios y cuando fueran advertidas, que es lo que no se dice, yo fui el que suspendió el pago y dispuso la paralización hasta que se investigue el accionar. Con esto no me quito la responsabilidad, yo siempre la asumí. En el plano de lo administrativo y lo político, siempre le puse la cara a esta situación. Lo que sí no concuerdo ni estoy de acuerdo con que me acusen con que uno ha delinquido porque hay procesos que no están dados", dijo en declaraciones a Radio Ancasti.
Como se informó ayer, el juez de Control de Garantías, José Antonio Carma, resolvió elevar a juicio la causa en la que se investiga a ex funcionarios, ex empleados y empresarios porque el Estado pagaba capacitaciones que no se daban o que se realizaban con menor cantidad de asistentes de las que se declaraba para cobrar.
En la entrevista radial, Córdoba Moral reveló datos que hasta ahora no se conocían. Al requerirle que amplíe la información por las irregularidades que se habían advertido, señaló: "Nosotros recibimos noticia de ciertas irregularidades, es por eso que se habla de los expedientes en grado de tentativa porque son alrededor de 15. Esos expedientes son en tentativa porque nosotros dispusimos la paralización de todo el proceso. Con lo que se había hecho, ya no había manera de volver atrás". Y añadió: "Encontramos documentación de fundaciones que facturaban iguales servicios, por así decirlo, en el gobierno de Castillo y la situación era casi similar. Los listados ya contenían mucha gente repetida, esos elementos de prueba nos fueron rechazados por la doctora Olmi", dijo al referirse a una de las fiscales que investigó la causa en sus inicios.
Por otra parte, Córdoba Molas apuntó también a la responsabilidad de los ex intendentes de Belén Daniel Ríos y de Andalgalá, José Perea. "Ellos decían que los cursos se desarrollaron con cierta normalidad, y daban cierta información que no era cierta. Fueron citados como testigos por la Justicia pero nunca se investigó ningún tipo de responsabilidad", manifestó.
Córdoba Molas recordó que esta es la tercera vez que la causa se eleva a juicio. Y en este sentido se mostró confiado en que en el marco del debate oral y público podrá aportar la información que la Justicia no contempló en la instrucción de la causa.
La causa Brandán
En la Cámara de Apelaciones sigue paralizada la causa en la que se investiga las compras directas durante la gestión de Víctor Brandán. La denuncia data del año 2003 y nunca se pudo elevar a juicio. En 2003, cuando el gremialista Víctor Brandán se desempeñó durante nueve meses como subsecretario de Acción Social, se hicieron compras directas por unos 27 millones de pesos, con especial intensidad en tiempos previos a las elecciones. En ese año hubo tres elecciones y se notó un incremento de la adquisición de productos para la dádiva.