Diez años después, la causa por el megafraude de Desarrollo Social llegará a juicio oral y público y finalmente se podrá determinar la responsabilidad de funcionarios, empleados del Estado y empresarios por la contratación de cursos de capacitación que no se realizaban o se realizaban sin el número de asistentes declarado, y por los que se pagaban abultadas sumas de dinero.
A través del auto 77/14 del 17 de junio, el juez de Control de Garantías, José Antonio Carma, dictó la resolución por la que eleva a juicio a los 10 imputados que tiene la causa por el delito de fraude contra la Administración Pública. Se trata del ex secretario de Desarrollo Social durante el primer tramo de la primera gestión gubernamental de Eduardo Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, por 24 hechos; el ex director de Políticas Juveniles Ariel Regina, por 24 hechos; el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante, (13 hechos); el titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, (11 hechos). La medida alcanza también una ex empleada de Desarrollo Social (24 hechos), y a funcionarios que se desempeñaban en el Ministerio de Hacienda. En este sentido, está involucrado el ex contador de la Provincia Juan Andrés Barrios (24 hechos); la ex subcontadora general Susana De la Colina (24 hechos) y los ex empleados Cristina Barros de Voget (24 hechos), Guillermo López (24 hechos) y Liliana Jalil de la Barrera (24 hechos).
En ese marco, dictó el sobreseimiento para el resto de los imputados en forma total y definitiva. No obstante, el fiscal instructor de la causa apeló la resolución de Carma al considerar que todos debían ir a juicio porque de la investigación surge que hubo omisiones en el control que facilitaron toda la trama de corrupción.
En agosto del año pasado, la Cámara de Apelaciones revocó el sobreseimiento de los ex funcionarios, empleados y funcionarios. La resolución ordenaba al juez de Control de Garantías que dicte el procesamiento para el resto de los imputados.
Precisamente, en abril de este año, el Tribunal de Cuentas había confirmado el megafraude cometido en el área de Desarrollo Social a través de actividades de capacitación organizadas por fundaciones.
El dictamen confirmó que Desarrollo Social pagó por cursos que nunca se realizaron o que se realizaron con padrones de participantes inflados, porque se pagaba por concurrente.
Probada la estafa, el ex secretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas, el ex director de Políticas Juveniles del área Ariel Regina y el ex presidente de la fundación Jóvenes en Progreso Carlos Arriazu, entre otros, deberán devolver $1.243.725, además de pagar multas por transgredir disposiciones legales y reglamentarias. Junto a ellos fueron multados, con sumas irrisorias, otros ex funcionarios que intervinieron en los expedientes para los pagos fraudulentos, que se tramitaban con llamativa celeridad. Quedó desvinculado el titular de la fundación Ideia, Hugo Diamante, cuyos cursos se realizaron.