La diputada Cecilia Guerrero (FV) cargó contra el abogado Miguel Leiva y Luciano Rojas por supuestamente haber querido impedir la detención de Alanís. En ese sentido, cuestionó que Leiva haya "intentado ejercer tráfico de influencias al alegar su parentesco con la presidenta de la Corte".
"Esto es muy grave y devela la trama de lobbies y complicidades entre algunos abogados con miembros de la Justicia que deben ser desterrados porque garantiza la impunidad a quienes atentan contra la ley", dijo la legisladora.
Asimismo, sostuvo que a Leiva, al ser abogado del Tribunal de Cuentas, "le compete la obligación de haber hecho una denuncia ante el conocimiento de la presencia de un prófugo de la Justicia en el lugar".
"Si no hizo la denuncia le puede caber alguna responsabilidad porque es funcionario de la provincia", agregó.
"Puerta giratoria"
Por su parte, Guillermo Andrada (FV) dijo estar sorprendido por la "impunidad” con la que se manejaba el prófugo Alanís. "No entiendo cómo podía andar en un boliche un prófugo de la Justicia, además de la burla de estar con abogados. Espero que la Justicia actúe y limpie rápidamente lo que se está sospechando. El senador nacional Oscar Castillo es un gran vinculador en este tipo de casos y resulta que ahora solo hizo una declaración muy escueta sobre la detención de Alanís”, opinó Andrada.
"Hay un rumor callejero que la Justicia no investiga adecuadamente los delitos; o lo que es peor, es una puerta giratoria para algunos delincuentes que son rápidamente sacados del lugar (de detención)”.