viernes 20 de noviembre de 2026
UN OBSTÁCULO PARA LA INVERSIÓN

Persisten las usurpaciones en campos productivos

La gente se instala y alambra pese a que son tierras en producción. El desalojo demanda un proceso judicial.

Por Redacción El Ancasti

No alcanzan los alambrados, ni las construcciones rurales, ni las medidas de seguridad ordinarias en estos casos. Basta un fin de semana de descanso en el campo para que los oportunistas cambien el candado del portón de ingreso y se instalen a vivir. De allí en más, al propietario le queda seguir un largo proceso judicial hasta conseguir el desalojo.

Esta situación se ha empezado a dar cada vez con mayor frecuencia en varias áreas del interior, en especial en el cordón productivo del Este y Sureste de la provincia, ante la inacción de las autoridades provinciales y municipales y de la propia Justicia.

Esta semana, una familia usurpó un campo en Capayán que se encuentra bajo el régimen de Diferimientos Impositivos. Cuando la Policía fue a pedirle que se retire, le exhibieron una supuesta autorización firmada por la secretaria del juez de Paz de Huillapima que les permitía ocupar ilegalmente el lugar.

Frente a ello, el titular del proyecto debe presentar una denuncia en la Justicia y esperar la resolución. Mientras, la actividad productiva queda paralizada y no se puede realizar ninguna inversión.

En estas condiciones se desenvuelven distintos emprendimientos agropecuarios de la provincia, con y sin beneficios fiscales promocionales. El vacío legal, la burocracia administrativa y la inoperancia judicial atentan contra las posibilidades de desarrollo y desalientan las inversiones de capital.

De hecho, el Ministerio de Producción y Desarrollo no interviene en estos casos, aunque se trate de proyectos productivos avalados y monitoreados desde su área. A su criterio, son hechos que debe resolverlos la Justicia provincial, por cuanto esa cartera carece de poder de policía para asegurar el trabajo de las empresas.

Tampoco los legisladores provinciales, pese a que muchos de ellos son oriundos del interior y conocen la problemática, se ocuparon de subsanar la ausencia de leyes que regulen la actividad y, sobre todo, garanticen seguridad jurídica a los emprendimientos rurales.

A esto se ha sumado, además, una extraña ola de robos de transformadores de energía en empresas agropecuarias ubicadas a la vera de la ruta provincial 33. Hace dos semanas, al menos tres emprendimientos fueron víctimas de este delito que, por sus características, solo puede ser cometido por gente que conoce cómo desarmar un equipo de alto voltaje y que cuenta con medios para trasladarlos. Por ahora, los investigadores no avanzaron en nada y los ladrones siguen impunes. Entre las usurpaciones de campos y los robos de equipos de energía –indispensables para el riego-, las empresas se encuentran ante la disyuntiva de seguir como puedan o directamente bajar la persiana. Es que pese al discurso oficial que se reitera desde hace décadas, en Catamarca no están dadas las condiciones para la producción y el desarrollo.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar