En los fundamentos, se quiere conocer sobre la existencia o no, de un convenio con OSEP en Río Chico.
El diputado Pablo Millán (FCS) presentó un proyecto de resolución solicitando informes al Ministerio de Educación por la camioneta oficial del organismo que se detuvo en la localidad de Río Chico (Tucumán), donde funcionarios del organismo realizaron compras en la denominada saladita, aunque justificaron la parada frente a un supuesto problema de salud de uno de los ocupantes del vehículo estatal.
El proyecto que ingresó ayer a la Cámara baja, solicita al ministro de Educación José Ariza que informe al cuerpo sobre: los instrumentos oficiales emanados del Ministerio que autorizaron a la directora de Nivel Superior Virginia Seco para trasladarse a Cafayate (Santa María); nómina del personal afectado a la comisión de servicios; determinación del tiempo y fundamentación de la misma, incluyendo los gastos presupuestarios afectados a su cumplimiento; y nómina de las comisiones de servicio que emanan del Ministerio en general y en particular las que se han dado a la directora de Nivel Superior Virginia Seco.
A su vez, respecto a la detención de la camioneta de Educación en Río Chico por un supuesto problema de salud de la mencionada funcionaria, se requiere: la nómina de los servicios médicos que prestaron atención primaria de salud; nivel de complejidad presentado; y medidas de emergencia que se llevaron a cabo.
Millán también solicita a Ariza que, en el caso de haberse detectado alguna irregularidad, se determine: tipo de irregularidad y funcionarios involucrados; medidas y actos administrativos implementados frente a la posible comisión de un acto irregular.
Sarcasmo
En los fundamentos de la iniciativa el legislador desplegó una serie de ironías. Sería interesante conocer si los servicios asistenciales que pudiesen existir en la llamada ‘saladita’ cuentan con convenios con la OSEP y en qué condiciones se brindan, señala Millán, en referencia a los supuestos problemas de salud que habrían motivado la parada en el lugar de las funcionarias de Educación según la cartera.
También se refirió el legislador a cuestiones legales.
Lo cierto es que tales conductas podrían constituir un ilícito: el peculado. De hecho, el peculado no es otra cosa que la distracción de los recursos públicos para beneficio de los particulares, desde el simple robo hasta la utilización de los bienes del Estado para goce privado, enfatizó el diputado opositor.