El FCS inició denuncia penal contra la titular de Rentas

29 de marzo de 2014 - 00:00
El bloque de diputados del Frente Cívico y Social denunció penalmente a la administradora general de Rentas Susana Varas por incumplimiento en los deberes de funcionario público. La presentación judicial que se hizo en Fiscalía General es porque Varas mediante una resolución puso un tope a los descuentos que establecen la ley de moratoria y la reforma de la ley impositiva provincial en los impuestos inmobiliario y automotor.



Mediante un estudio que publicó El Ancasti, se comprobó que teniendo en cuenta los descuentos que establecen estas dos leyes a los contribuyentes que pagan en término, tendrán una bonificación en el pago de impuestos cercana al 45 por ciento. No obstante, mediante una resolución, Varas estableció que la quita máxima será de un 25 por ciento. La funcionaria defendió esta decisión al indicar que es para aclarar una situación ambigua.



En la presentación del bloque del FCS se acusa a Varas de haber dictado una resolución administrativa que cuya jerarquía normativa no le permite modificar el texto de una ley.



Los legisladores señalan que anteriormente advirtieron que la resolución 001/14 era contraria a lo que fija el ordenamiento jurídico y a lo que establece el Código Tributario con relación a que ninguno tributo puede ser creado, modificado o suprimido sino es en virtud de una ley. No obstante, señalan que Varas hizo caso omiso a tal advertencia y con intención, discernimiento y voluntad mantuvo el texto de la resolución. En esa línea acusan a la funcionaria de haber incurrido en una abierta violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al cumplir un mandato constitucional que indica que una norma solo puede ser modificada o derogada por otra de igual jerarquía, clase y tipo.



Los legisladores señalan que la ley 5377 (Moratoria) es clara y no necesita que se dicte una resolución para su interpretación. En ese sentido, recuerdan que dicha normativa señala: Los contribuyentes y/o responsable que a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen hubieran cancelado sus obligaciones tributarias devengadas al 30 de junio de 2013, verán incrementados en un 25% más los porcentajes de descuentos establecidos en la ley impositiva vigente, por los pagos efectuados en término durante los próximos tres ejercicios.



Los legisladores señalaron que el espíritu de estas leyes es fomentar el pago de impuestos pero ese objetivo se vio desvirtuado por el texto, caprichoso, inconstitucional y viciado de una resolución administrativa.





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