El pasado, la cobertura política de un ministro

16 de marzo de 2014 - 00:00
Las relaciones que estrechó con los más altos niveles radicales el ministro Rubén Dusso cuando cumplía funciones de operador de la inversión nacional para el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral le sirven ahora de cobertura política. Es intocable para el radicalismo devenido en oposición desde diciembre de 2011, facción que también se muestra indiferente en otros temas en los que comparte con los kircneristas interés por mantenerlos al margen de la discusión política y de eventuales denuncias civiles y penales.



Fue notoria esta coincidencia, por caso, con la cartelización en las licitaciones de viviendas sociales en el Instituto Provincial de la Vivienda, donde un intendente oficialista del oeste detectó lo que llamó el sistema Dusso. El evidente acuerdo entre los integrantes de la corporación constructora para repartirse los barrios sin necesidad de confrontar propuestas no mereció objeciones de los radicales, que en otros asuntos que no conciernen al ministro de Obras Públicas se muestran más combativos. Es que, mientras fueron aliados, radicales y kirchneristas abrevaron juntos en el IPV.



Pero el caso que expuso más claramente las connivencias fue el de los trabajos que, por orden de Dusso, el Ministerio de Obras Públicas inició en el galpón de la ex Garelli, con el propósito de acondicionarlo para un call center. La inversión de recursos públicos en el galpón fue una flagrante violación a la ley de Obras Públicas de la Provincia y su decreto reglamentario, porque el convenio entre el Gobierno y la empresa que prestaría el servicio telefónico todavía no fue celebrado.



Luego de que Dusso ratificara que los trabajos continuarían a pesar de todo porque formaban parte de una decisión política del Gobierno, el abogado de la UCR Víctor Quinteros anticipó denuncias civiles y penales.



La ley señala que tiene que haber un convenio entre el Estado y el privado, que debe estar aprobado para poder realizar una obra pública. Acá nada de eso existe. Claramente, lo que uno advierte en esta situación es que no solamente se da lugar a una acción judicial civil, sino también para una acción penal, porque hay claros incumplimiento de deberes de funcionario público, advirtió.



Un equipo jurídico del FCS comenzó a preparar entonces las presentaciones judiciales en plena campaña electoral para las PASO de agosto del año pasado. Sin embargo, por directivas del propio ex gobernador Brizuela del Moral, candidato a diputado nacional, las denuncias no se realizaron. Dusso, el viejo socio de los boinablancas, quedó a salvo.



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