25 de febrero de 2014 - 00:00
Investigarán si se cometieron delitos durante los reclamos policiales
Un dictamen de Asesoría General de Gobierno consideró que se debía decretar la nulidad del acuerdo firmado.
Otro aspecto que no puede pasar inadvertido en el dictamen del asesor general de Gobierno, Miguel Figueroa Vicario, es la referencia a la forma en la que se logra la suscripción del instrumento: Como garantía de legalidad, se ha señalado que el acto jurídico, celebrado con vicios de error, dolo, violencia, intimidación o simulación puede anularse conforme, a las directivas del artículo 954 del Código Civil, entendiendo que el ingreso abrupto de un número importante de supuestos servidores públicos, en actitud amenazante, y con derivaciones judiciales y/o sumariales para algunos de ellos, amerita introducir la nulidad del mismo.
El dictamen recuerda que el Estado provincial debe asegurar la vida y bienes de los ciudadanos y se refiere a la presión que recibió de la fuerza policial: Es un vicio de violencia objetiva, que resulta de la coacción de los acontecimientos exteriores, de aplicación al caso de autos, por ello, no ha existido, creemos igualdad de las partes en la negociación, lo que determina la nulidad del mismo.
De todos modos, la mandataria provincial optó por cumplir la palabra empeñada en las jornadas del 6 y 7 de diciembre. Pero pidió que se investiguen conductas de efectivos policiales en actividad y también retirados.
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