En el marco de la disminución de los recursos para el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores dispuso destinar $13 millones para resarcir a los cesanteados por la última dictadura militar. Todos los bloques coincidieron en "recortarse" su presupuesto y garantizar el financiamiento para las indemnizaciones, previsión que no había sido tenida en cuenta en la Cámara de Diputados.
Los senadores aprobaron, con modificaciones, el proyecto que venía con media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta establece que la indemnización será equivalente al sueldo neto de un empleado categoría 18 de la administración pública y no de categoría 24 como fijaba la iniciativa de la Cámara baja. Además, se establece que el límite de la indemnización será el equivalente a 10 sueldos. Se menciona también que se tendrán en cuenta otras indemnizaciones que hubieran recibido y se excluirá a quienes prestaron servicios como colaboradores o informantes de la dictadura.