Una vieja propuesta para instalar casinos electrónicos en el interior, que fue desestimada en su momento en el Ejecutivo provincial y quedó bajo la lupa de la Justicia federal, amenaza con reeditarse en esta gestión de gobierno.
Se trata de la iniciativa privada presentada el 28 de diciembre de 2009 por la firma AJEST SA para crear cuatro salas de juego en Santa María, Andalgalá, Fiambalá y El Rodeo, con una inversión estimada en 18 millones de pesos. La empresa proponía la concesión del negocio por un plazo de 15 años, renovable por un período similar.
La carpeta había ingresado a través de la Secretaría de Turismo y obtuvo un guiño inicial en ese ámbito, con el argumento de que representaba una inversión orientada a promover el turismo en el interior. No solo eso. El decreto que aprobó la iniciativa aludía a los beneficios económicos que ello implicaría por el aumento de la recaudación de la Administración de Juegos y Seguros (hoy nuevamente CAPRESCA).
En lo que concernía estrictamente al juego, la propuesta se refería solamente a la instalación de máquinas tragamonedas y una ruleta electrónica en cada sala. La otra parte de la inversión era construir un hotel de 40 habitaciones en Santa María, un hotel boutique de 12 en El Rodeo, una hostería con 50 camas en Fiambalá y un centro de convenciones en Andalgalá.
A fines de marzo de 2010, Turismo decidió postergar por 60 días el concurso público de mejora de ofertas para aquella iniciativa, pero pasó un año y el tema quedó paralizado. En abril de 2011, a un mes de que el Gobierno del FCS cayera derrotado en las urnas, Turismo puso fecha para la apertura de sobres con las ofertas económicas.
Pero el proceso quedó trunco. Incidieron en ello pedidos de informes en la Cámara de Diputados sobre el tema y una denuncia en la Fiscalía Federal contra uno de los oferentes por presunta violación a la ley que pena el encubrimiento y lavado de activos. A partir de allí, la iniciativa fue a parar en un cajón.
Al amparo de un argumento relativo -el supuesto estímulo turístico- y otro economicista –el aumento de la recaudación-, la Provincia estaba a punto de desencadenar una enfermedad social en el interior: la ludopatía. Una adicción seria que no puede ser evaluada con prescindencia de un enfoque sobre la salud pública de la población. Porque corrompe y destruye no sólo al ludópata sino también a su familia y a toda la sociedad.
En rigor, los tragamonedas poseen un fuerte poder adictivo, atrapan a los sectores de menores ingresos, que pueden jugar durante horas merced al bajo valor de las apuestas. Alcanza con recorrer las salas de juegos electrónicos de la Capital, repletas de gente en cualquier momento del día, para comprobar el nivel del vicio. Es de imaginar lo que esto podría provocar en lugares como Andalgalá, Santa María, Fiambalá y El Rodeo, donde la oferta de esparcimiento es escasa o nula.
Pese a todo, se sabe que hoy algunos sectores del oficialismo están sumamente interesados en reflotar aquella iniciativa. Es de suponer que no pretenden alentar con ello las inversiones turísticas, ni promover empleo privado, ni mejorar los ingresos del fisco por vía del juego. La tentación es otra.
Habrá que confiar en que el Poder Ejecutivo adopte una decisión orientada al progreso genuino de los pueblos del interior, lo cual de ningún modo podría ocurrir a través de su despojo colectivo.