A pesar de tener los números, la alianza radical-barrionuevista en la Cámara de Diputados decidió posponer el debate de la modificación del nomenclador docente para la semana próxima.
Contrario a lo que se esperaba, la Cámara baja tuvo una sesión relajada que se caracterizó por tener música en vivo y el chicaneo al Senado por la devolución de dos proyectos de ley con errores de tipeo y ortográficos (ver aparte).
El proyecto con despachos de las comisiones de Cultura y Educación y de Hacienda y Finanzas ya tenía el período de observación vencido (plazo de 10 días para que los legisladores que no componen las comisiones que dieron despacho puedan realizar objeciones a los dictámenes), por lo que estaba habilitado para ser tratado y aprobado en esta sesión. No obstante, debido a un acuerdo entre los bloques, la iniciativa con media sanción del Senado sería tratada recién la semana próxima. En esa sesión, la oposición podría avanzar también con otros dos proyectos polémicos como la derogación de la emisión de letras del tesoro por parte del Ejecutivo y el pago de un subsidio a los cesanteados en la época de la dictadura.
Planteos del oficialismo
Desde el oficialismo volvieron a plantear las violaciones legales que provocaría la aprobación del salariazo docente. En ese sentido, si la iniciativa se convierte en ley contrariaría a la Constitución provincial en su artículo 149 inciso 10 que establece que es el Ejecutivo quien fija la política salarial "en el área de su competencia". En esa línea, el proyecto provocaría una incompetencia material ya que la Legislatura avanzaría en competencias del Gobierno.
Por otra parte, el proyecto viola la ley nacional de Responsabilidad Fiscal (n°25.917) a la cual la provincia adhirió a través de la ley n°5.144. En esa línea, el artículo 15 de dicha ley nacional señala que las provincias "solo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención". Más adelante, el artículo establece que "no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de gastos de capital".
Por último, existen antecedentes en otras provincias con medidas similares que fueron rechazadas por la justicia. En ese sentido, se puede mencionar el fallo del Superior de justicia de Formosa en la causa conocida como Municipalidad de Clorinda contra el Concejo Deliberante. En su dictamen, el máximo tribunal declaró nula una ordenanza emitida por el Concejo con la cual se otorga un incremento salarial y se modifica la escala salarial vigente por extralimitarse en sus competencias y por violar el artículo 15 de la ley de Responsabilidad Fiscal a la cual Formosa adhirió.
CONSTITUCIÓN
Desde el Gobierno, plantean que el proyecto viola el artículo 149 inciso 10 de la Constitución provincial que establece que el Poder Ejecutivo es el encargado de fijar la política salarial en el área de su competencia.