La investigación judicial tiene ya una década

Por segunda vez, se eleva a juicio la causa por las compras directas

Están imputados el ex ministro Pablo Doro y el ex subsecretario de Acción Social, Víctor Brandán. La defensa del gremialista planteará su oposición.
18 de octubre de 2014 - 04:01 Por Redacción El Ancasti
El fiscal de Delitos Criminales Ezequiel Walther elevó por segunda vez a juicio la causa por las compras directas durante la gestión de Oscar Castillo y en la que están involucrados el ex ministro de Salud, Pablo Doro y el ex subsecretario de Acción Social, Víctor Brandán. El abogado que ejerce la defensa de Brandán, Pedro Vélez, confirmó que fueron notificados y adelantó que planteará su oposición a la resolución del fiscal, por lo que ya se anticipa una nueva dilación en el proceso que ya tiene una década. 

En los primeros días de septiembre, el ex subsecretario de Acción Social, Víctor Brandán, prestó declaración indagatoria, por segunda vez, en la fiscalía de Delitos Criminales en el marco de la causa en la que se investigan las compras directas que realizó durante su gestión, en 2003. En esa oportunidad, Brandán volvió a negar las acusaciones en su contra y justificó las compras por la situación de crisis social que se vivía en ese momento.
 
Consideró que la denuncia, que fue iniciada por el ex diputado Fidel Sáenz, no tiene pruebas en su contra. "Solo se presentó en la justicia con recortes del diario El Ancasti”, aseguró.

Doro, por su parte, había prestado declaración indagatoria en julio. 

La causa tiene ya más de 40 cuerpos y hasta para los propios involucrados es difícil seguir las vueltas que tuvo en la Justicia.

Los imputados 
Los imputados por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública son el ex ministro de Salud, Pablo Doro, el ex subsecretario de Acción Social Víctor Hugo Brandán, el ex encargado de depósitos Guillermo Martínez, la ex directora de Servicios Administrativos Carmen Miñaura de Siarez y la ex encargada del Servicio de Contaduría, Carlina Zurita.

El supuesto fraude al Estado provincial sería por un monto superior a los 21 millones de pesos, mediante la operatoria de compras directas de artículos de primera necesidad y alimentos que serían destinados para asistir a los sectores más vulnerables de la población catamarqueña.

Elevación 
El 12 junio de 2012, el fiscal Ezequiel Walther elevó la causa a juicio, por primera vez. En ese momento, los ex funcionarios del FCS plantearon su oposición.

El expediente fue remitido al juez de Control de Garantías, Porfirio Acuña. En abril de 2013, el magistrado emitió una resolución por la que rechaza los planteos de los imputados y por ello quedó firme la elevación a juicio que había realizado el fiscal. 

En realidad, las apelaciones de ambos fueron rechazadas por el Juzgado de Garantías y por la Cámara de Apelaciones, pero este último tribunal decidió de oficio decretar la nulidad de la indagatoria tomada a uno de los imputados, Guillermo Martínez, quien estaba acusado en uno solo de los 18 hechos descriptos y fundados por Walther.

Por un error en el proceso de notificación se debió tomar las indagatorias otra vez y es por eso que la causa se eleva a juicio por segunda vez. 

Fuentes judiciales advirtieron que la elevación a juicio no significa el inmediato inicio del debate oral y público, ya que estará sujeto a nuevas dilaciones. 

 
 Juicio contra Guaraz 
Por otro lado, los fiscales de la Unidad de Delitos Correccionales, Mauricio Navarro Foressi, Sebastián Herrera y Javier Herrera elevaron a juicio una causa contra el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz. Es por la denuncia de usurpación de una Iglesia Evangélica. 

Guaraz prestó declaración indagatoria a mediados de septiembre. Estuvo acompañado por su abogado defensor, Luciano Rojas. En esa oportunidad el jefe comunal señaló que el predio pertenece al municipio, pues fue donado por una vecina de la zona. 

La causa se inició en 2011, cuando Guaraz fue denunciado por ingresar a una iglesia evangélica, desalojar a los fieles y apropiarse del lugar. La situación ocurrió en el local de la iglesia "Buena Nueva”, situada en el barrio San José de la localidad de Los Altos (Santa Rosa). 

Durante la toma, que habría sido promovida por el polémico intendente, se encontraba a cargo del edificio Germán Chávez, quien manifestó en la oportunidad que contaba con un contrato de dos años con el dueño del lugar, y sobre el cual ya había abonado un año por adelantado.

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