4 de enero de 2014 - 00:00
El Gobierno puede prescindir de los empleados en edad de jubilarse
La medida se puso en vigencia en 2009. Pero entonces nadie se retiró de la administración. Ahora, el Estado puede tomar otra medida.
La base legal
La posibilidad de que el Estado prescinda de los trabajadores en edad de jubilarse, está estipulado en el Estatuto del Empleado Público (Decreto-ley 3276).
En ese sentido, el artículo 18 de dicha normativa establece que: (...) La estabilidad (del agente) sólo se perderá: por las causas establecidas en el presente Estatuto; cuando leyes especiales así lo dispongan; por haber alcanzado el agente una edad superior en dos años a la mínima establecida para la jubilación ordinaria; cuando obtuviere un beneficio de pasividad, en otro Instituto; o cuando sobreviniere una situación de incompatibilidad.
Por otra parte, en el artículo 56 del Estatuto no sólo ratifica lo establecido por el párrafo anterior respecto a la estabilidad, sino que deja en claro que el trabajador excedido en edad pierde todos los beneficios que otorga el Estado. En ese sentido, el artículo señala: El personal gozará de los derechos del presente Estatuto hasta transcurridos dos años de la fecha en que las normas vigentes le acuerden el derecho a la jubilación ordinaria o por edad avanzada, en que perderá los derechos de estabilidad, la indemnización, igualdad de oportunidades en la carrera y a la capacitación.
EL DECRETO DE BRIZUELA
En mayo de 2009, la gestión del ex gobernador Ing. Eduardo Brizuela del Moral emitió el decreto 255/09 por el que todos los empleados públicos que cumplen los requisitos para jubilarse, conforme a las leyes nacionales 24.241 y 24.061, debían iniciar los trámites para retirarse de la administración pública provincial.
El plazo para iniciar las gestiones era de 90 días hábiles. En caso contrario, los agentes quedarán cesantes en los cargos que ocupan, indicaba el instrumento.
La medida era para los agentes del Poder Ejecutivo Provincial que están comprendidos en el escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial, docentes, personal sanitario, agentes viales y gráficos.
En aquel momento, los agentes de la administración pública no querían jubilarse al fundamentar que recibirán menos ingresos, ya que tenían varios adicionales en negro. Además, al jubilarse al amparo de la normativa nacional, no gozarían del 82% móvil sino que tendrán dos aumentos anuales (marzo y septiembre) que serán conforme a los indicadores del INDEC, conforme a la inflación y al costo de la canasta familiar.
?La ley nacional 24.241 establece el derecho a la Prestación Básica Universal a los hombres que hubieran cumplido 65 años y mujeres con 60 años que acrediten 30 años de servicios. En el caso del personal docente, la ley 24.061 establece el derecho a la jubilación ordinaria al personal que cuente con 60 años de edad en caso de los varones y 57 para las mujeres y que acrediten 25 años de servicios, de los cuales diez -como mínimo -deben ser frente a alumnos
? El decreto del año 2009 fija que el Estado pondrá a disposición de los agentes las certificaciones de servicios y toda otra documentación necesaria para iniciar los trámites jubilatorios.
El artículo segundo indica que dentro de las 48 horas hábiles de recibida la notificación de la resolución mediante la cual se le otorga la jubilación, el agente deberá notificarlo a la Dirección Provincial de Recursos Humanos o la Dirección de Personal del Ministerio de Educación, según corresponda, a los fines de disponer la cesación en el cargo.
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