Aseguran que deben tener solución rápida las problemáticas vinculadas con el ciudadano común.
La Corte Suprema dictó una acordada en la que instó a los jueces penales federales y de la Justicia Nacional de la Capital Federal a que en un plazo de 90 días elaboren propuestas para acelerar los juicios, algo que podría desembocar en pedidos de reforma procesal o bien cambios internos en el Poder Judicial. A su vez, el Tribunal envió un oficio al Consejo de la Magistratura para que avancen en el nombramiento de jueces, a raíz de unas 249 vacantes que existe en la Justicia nacional y federal.
Ese pedido se produjo luego de que el Tribunal deslizara críticas a la paralización de la labor de ese organismo, encargado de designar magistrados.
A través de una acordada suscripta por todos los supremos, excepto por la jueza Carmen Argibay, la Corte consideró que existe la necesidad de reformar el sistema penal, para acercarlo a las necesidades de la población. Es imprescindible acentuar los esfuerzos para tener una justicia más rápida. Es indispensable que el sistema se oriente a la conclusión de los casos en un plazo razonable, sin perder de vista la fortaleza en las decisiones que se adopten en cada caso, suscribieron los ministros en la acordada 32/13. Los jueces recalcaron que las cuestiones directamente vinculadas a la problemática son las que más preocupan al ciudadano común y a la sociedad en su conjunto y por ello la celeridad de los juicios en esta materia resulta una exigencia que debe ser atendida por todos los intervinientes en el ámbito propio de sus competencias.