El pasado 5 de octubre, los miembros del Tribunal de Cuentas emitieron una acordada por la que se modifica la reglamentación que estaba vigente para el control de la administración de las regalías mineras. El organismo eliminó el control previo que realizaba de los proyectos con el objetivo de desburocratizar el circuito de aprobación de las iniciativas.
Con la normativa, el intendente puede realizar el proyecto que tiene previsto y el Tribunal de Cuentas realizará el control de la legalidad con posterioridad.
Además, el Ministerio de Producción creó una Unidad de Gestión de Proyectos donde los jefes comunales deben presentar las iniciativas. La medida fue cuestionada por el intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, quien recurrió a la Justicia. La Corte le otorgó la medida cautelar.
