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Nueva denuncia a ex funcionario de Jalile
9 de mayo de 2013 - 00:00
El fiscal de la Municipalidad de Valle Viejo, Gustavo Adolfo Pérez Díaz, presentó una denuncia en la fiscalía de Delitos contra la Administración pública, en contra del ex secretario de Obras y Servicios Públicos de la gestión del ex intendente Gustavo Roque Jalile y actual concejal, Carlos Bustamante, por una serie de irregularidades cometidas mientras se desempeñaba en el área de Obras y Servicios Públicos.



La denuncia se realizó en base a un informe presentado ante la fiscalía por la obra de ampliación de la escuela municipal N° 2, de Santa Rosa, en la cual se determinaron gravísimas irregularidades en su construcción.



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La denuncia se suma a las ya presentadas por peculado de servicios en las que hay cuatro ex funcionarios de la gestión del ex intendente imputados.



En ese marco, el director de Sumario, Sergio Correa, explicó que el edificio escolar no puede ser habitado por docentes ni estudiantes porque se efectuó de una manera negligente. Los informes de ingenieros que realizaron pericias determinaron que la construcción debe ser demolida porque presenta graves fallas en toda la estructura, explicó.



Además, comentó que se presentó una segunda denuncia en contra de Bustamante por incompatibilidad con el cargo publico, ya que, aseguró realizaba tareas para particulares mientras se desempeñaba como funcionario. Por último, Correa adelantó que hay otros funcionarios involucrados en estas causas y que los próximos días habría más novedades al respecto.





Indagatoria





Para hoy está prevista la indagatoria a los tres ex funcionarios de Jalile Luis Vargas, Juan Fernández y Juan Carlos Barrionuevo, quienes están imputados por el delito de peculado de servicios. El único hasta ahora que se presentó en la Justicia es el ex director de Recursos Humanos, Ricardo Martínez, quien se abstuvo de declarar.



A los ex funcionarios se los acusa de realizar trabajos particulares con recursos públicos. El Código Penal sanciona en estos casos con la pena de prisión de 2 a 10 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.





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