Objetan una licitación del IPV para adquirir terrenos
Uno de los oferentes en el proceso cuestionó el criterio que siguió el IPV para la preadjudicación.
Días pasados, Guadalberto Eduardo Castillo planteo objeciones a una licitación que convocó el Instituto Provincial de la Vivienda para la adquisición de terrenos con el objeto de construir nuevos barrios en la Capital. Considera que el trámite de preadjudicación fue irregular porque se benefició a un grupo de empresas que ofreció un terreno más económico -con respecto al valor de las tierras-, pero que no tiene accesos, vías de comunicación ni servicios. En este sentido considera que el Estado deberá realizar inversiones millonarias sólo para beneficiar a un grupo empresario.
La licitación tuvo dos oferentes; uno de ellos fue Gualberto Eduardo Castillo, que ofreció un terreno de 28 hectáreas, ubicado en la zona sur de la ciudad. El otro oferente fue un grupo de empresas conformado por Yucuco SA, Comercial El Tala SRL Antonio Guillermo Villafañe y Pablo Augusto Acevedo, que ofrecieron 300 hectáreas. El presupuesto oficial de la licitación era de 20 millones y se otorgó por $ 19.700.000.
Ante la presunción de que existen irregularidades en el trámite administrativo, Castillo planteó un recurso de reconsideración jerárquico en subsidio en contra de la resolución 866 de fecha 15 de abril por la que se dispuso adjudicar la licitación pública al oferente conformado por Yucuco, Comercial El Tala y otros.
Según trascendió, la administración del IPV consideró que la oferta del grupo empresario era más conveniente al analizar el precio que ambos oferentes pusieron para la venta de las tierras.
Ése es el punto que cuestiona el representante de la sucesión de Guadalberto Eduardo Castillo al indicar que la administración nunca contó con informes técnicos, ni económicos que permitan efectuar una ecuación válida que determine a ciencia cierta la conveniencia económica de la oferta seleccionada.
Relata que previo a la adjudicación se solicitó a la Dirección de Investigaciones y Proyectos un informe en relación con las factibilidades de servicios, características y condiciones de los terrenos ofrecidos. Argumenta que el informe que se emitió en esa oportunidad es insuficiente. Se limita a consignar que resulta necesario ejecutar obras de nexo de los servicios de electricidad, cloaca y agua potable sin detallar que tipo de obras se requiere en cada uno de los inmuebles ofrecidos y omitiendo informar que el inmueble ofrecido por el oferente carece de vías de acceso. Tan es así que dicha circunstancia se evidencia en el croquis demostrativo de integración al área urbana, que incorpora el propio oferente, en el que da cuenta de la apertura de calles, avenidas y construcción de puentes necesarios para su acceso, manifiesta.
Agrega que las obras civiles que deberían ejecutarse jamás fueron cotizadas. Al no contar con el informe pertinente de las obras de nexo necesarias, resulta improbable contar con un análisis del costo de las mismas.
De igual modo, se cuestiona la labor de la Comisión de Adjudicación, cuyos integrantes en forma desvergonzada aconsejaron la adjudicación de la oferta, indica.
En el Tribunal de Cuentas
El administrador del IPV, Dante López Rodríguez, evitó referirse a la polémica por la licitación al señalar que todo el expediente se encuentra para su análisis en el Tribunal de Cuentas.
Según su versión no se informó acerca de la decisión del IPV a ninguno de los oferentes porque se espera el dictamen del Tribunal de Cuentas.
El organismo convocó a una licitación con el objeto de adquirir tierras para la construcción de barrios en la Capital. El presupuesto oficial era de $ 20 millones y la condición era que las ofertas debían ser superiores a 5 hectáreas. En esos terrenos se construirán las 1.300 viviendas previstas para este año.
