Reclaman la falta de ayuda financiera para al sistema productivo. Y que el Gobierno aumente el gasto público para financiar un Call Center.
El convenio para la instalación de un Call Center a cargo de la firma Task Solutions continúa generando polémica en distintos sectores por la gama de beneficios que figuran en el documento que fue girado al Concejo Deliberante capitalino para su estudio, en virtud de que la comuna deberá pagarle a la empresa el alquiler donde funcionará, entre otras prerrogativas.
La rúbrica del convenio se realizó entre la provincia a través del Ministerio de Producción, la Municipalidad de la Capital y la empresa Task Solutions.
La titular de la Obra Social que nuclea a los trabajadores rurales, Miriam Juárez, cuestionó el convenio y dijo que llama la atención que tengamos un sistema productivo desangrándose y que no se tomen medidas, pero sí estamos en condiciones de facilitar la instalación de una empresa con altos costos, manifestó en diálogo con El Ancasti.
En esa línea, aseguró que el Gobierno se había comprometido a subsidiar al sector productivo otorgándole beneficios para hacer frente al pago de los trabajadores.
Sin embargo, Juárez aseguró que el compromiso no se cumplió y que las empresas que presentaron la documentación solicitada aún no recibieron respuestas. La gremialista expresó su desacuerdo con el apoyo que el Estado hará al nuevo emprendimiento y señaló que los puestos de trabajo que se generarán no serán empleos genuinos.
Es necesario que quienes tienen el poder de decisión entiendan que no hay posibilidad de seguir si no es produciendo y trabajando, generando trabajo digno no precarizado ni subsidiado, porque eso implica más gasto público. Si el gasto público se sigue incrementando y no mejoramos el sistema productivo ¿cómo se va a sostener ese gasto público, con qué financiamiento? Si el Estado se va a hacer cargo de esta cantidad de gasto, incrementa su gasto público, indicó.
Juárez dijo que fue un año difícil, no sólo para el olivo sino también para otras actividades vinculadas con las economías regionales, situación que se tornó insostenible ante la falta de asistencia financiera de la provincia para mantener las fuentes laborales.
La asfixia fiscal y tributaria para los sistemas productivos entre 2012 y 2013 fue muy dura, por lo que significaron 1.000 bajas de trabajadores permanentes del sector olivícola, disparó.
Privilegios irritantes
Por otra parte, el presidente de la Federación Económica de Catamarca (FEC), Carlos Nazareno, dijo que el convenio otorga privilegios irritantes a empresas cuyo origen es desconocido.
La instalación del Call Center genera una discriminación inconcebible para con la pequeña y mediana empresa catamarqueña pues son las que más generan puestos de trabajo después del sector público. Hemos solicitado al Gobierno beneficios en el pago del Impuesto Inmobiliario, Automotor, dedicados a la actividad comercial y de servicios, sin obtener repuesta, afirmó.
Los puntos del convenio que ingresó al CD
En convenio por la instalación del Call Center que está bajo el análisis de los ediles capitalinos consigna las siguientes especificaciones:
- El Gobierno subsidiará en forma progresiva, durante cinco años, el salario mínimo vital y móvil de los empleados de la firma. En el lustro, desembolsaría como mínimo 203, 4 millones de pesos.
- Se otorgan a la firma exenciones correspondientes al 100% del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el plazo de 10 años. También hay exenciones en los impuestos de Sellos, Automotores e Inmobiliario por 5 años.
- El Ministerio de Obras Públicas se encargará de acondicionar el local en el que funcionará el call center que funcionará en la avenida Alem 107, donde estaba la antigua Garelli.
- La Municipalidad de la Capital deberá pagar el alquiler del local por 5 años. Y tambien eximir a la firma de tasas e impuestos municipales.
