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Ordenan una auditoría en la AGAP por supuesto fraude

Se investigará cómo se realiza la administración de los fondos para el pago de la movilidad.
22 de abril de 2013 - 00:00
El Tribunal de Cuentas dispuso la realización de una auditoría en el ámbito de la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP) a partir de las publicaciones de El Ancasti del 19 y 20 de marzo en las que se informó acerca del supuesto desfalco de $ 189 mil que pertenecen a los fondos de movilidad jubilatoria. La auditoría investigará las cuentas de la asignación complementaria desde 2009 hasta diciembre de 2012.



A partir de la publicación, los diputados del bloque del Frente para la Victoria-Partido Justicialista solicitaron al presidente del Tribunal de Cuentas, Mardonio Díaz Martínez, que disponga una auditoría en el organismo por el período 2009-2012. Para la solicitud, tomaron como referencia la información suministrada por la titular del organismo, Mirta Aísa, quien confirmó la sustracción de los fondos. En los hechos estaría involucrado en calidad de responsable un funcionario que había sido designado en la gestión del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral y que se encontraba a cargo del sistema informático.



El Tribunal de Cuentas notificó a los legisladores que inició la investigación.

Los hechos



Hace algunos meses la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP) detectó un presunto fraude por la suma de $189.008,83. Se trata de fondos de los jubilados catamarqueños insertos en el régimen del 82% móvil- que fueron depositados en la cuenta de una jubilada que, en connivencia con un empleado de la AGAP, fueron cobrados de manera irregular.



El pasado 11 de enero de 2013, la titular de la AGAP, Mirta Aísa, presentó un pedido de investigación sumarial ante Fiscalía de Estado, con el objeto de que se determinen las acciones legales pertinentes.



El procedimiento anómalo consistió en transferir $189 mil a la caja de ahorro N° 3155-4668065685 (Banco de la Nación), operación que no había sido autorizada por la AGAP. De hecho, la maniobra fue descubierta a raíz de que Aísa había autorizado el pago de un total de $9.148,94 para hacer frente al pago de una deuda de dos jubilados rezagados. Es así que el pasado 18 de diciembre de 2012, los dos rezagados deberían haber cobrado los poco más de $ 9 mil, situación que no se efectivizó porque en el Banco les comunicaron que esa cuenta especial de la AGAP no contaba con los fondos necesarios para hacer frente a ese pago.



Sucedió que el día anterior (17/12/12) un total de $189.008,83 había sido transferido a la caja de ahorro antes mencionada.



El principal implicado es quien, hasta esa fecha, se encontraba a cargo del Área de Informática de la AGAP, un funcionario fuera de nivel 0,90. Incluso, se estableció que este funcionario presentó un soporte magnético ante la entidad bancaria para que se depositen en la caja de ahorro los fondos indebidos.



A su vez, en el soporte magnético figuraba el nombre de otra jubilada, siendo que la caja de ahorro pertenecía a la verdadera dueña de la cuenta, quien sería cómplice del acto fraudulento.

Investigación



Atento a la información que surge de los medios periodísticos y en virtud de la competencia legalmente asignada a este organismo de control, resulta procedente disponer la realización de una auditoría por objetivos, tendiente al análisis de la situación expuesta y para recabar elementos de juicio que permitan la adopción de otras medidas que correspondan, señala fundamentación de la resolución del Tribunal de Cuentas, con fecha del 21 de marzo.



Es por ello que el organismo dispuso la realización de una auditoría por objetivo sobre aspectos revelados en las publicaciones periodísticas. Se asignó la tarea al área Revisión de Cuentas A y afectó para ello a las profesionales Rosa Rodríguez y Rosana Leiva, a quienes se faculta para requerir los antecedentes, informes y documentación que resulten necesarios. Establece que el informe final deberá presentarse a los 30 días con posibilidad de solicitar una prórroga por escrito por 10 días más. El plazo original vencería esta semana. Sin embargo, la segunda resolución referida al tema es del 11 de abril. En ella resuelve determinar el período sobre el cual se extenderá la auditoría y establece que será entre el año 2009 hasta diciembre de 2012. Además, se afecta a Carlos Elías Jais, del sector cómputos del Tribunal de Cuentas, para integrar el equipo de auditores.





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