El Gobierno aumenta la presión y ratifica que habrá sanciones para los docentes
Para que ningún docente tenga duda alguna respecto a la posición que tomará el Gobierno frente al ausentismo originado por el paro convocado por CTERA y la CTA a nivel nacional, medida a la que adhirieron los sindicatos docentes catamarqueños, ayer se hizo circular entre los directivos de cada establecimiento la orden concreta del ministerio de Educación: ante el no acatamiento de la disposición de la conciliación obligatoria, dictada por la Subsecretaría de Trabajo, los directivos debían informar por escrito la cantidad de docentes que no concurrieron y, de ser posible, las razones de su inasistencia.
Previo a esto, los directivos debían informar a la plantilla de docentes que sería la propia dirección Provincial de Recursos Humanos y el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación los que harían verificaciones en cada establecimiento respecto del impacto de la adhesión al paro.
Al margen de las comprobaciones, para sumar presión, se informó que la conciliación es una medida de orden público y que al no acatamiento correspondería la aplicación de los artículos 62 y 63 del Reglamento de Sumarios, contemplado en la resolución N° 413.
Allí se especifica que todo acto, hecho u omisión por el cual se transgreda la normativa en vigencia, será sancionado conforme lo establecido en este Reglamento. Las sanciones serán aplicadas de manera racional y proporcional a la incidencia que dicha conducta importe contra la normal, regular y adecuada prestación de calidad del Servicio Público Educativo.
Y el artículo siguiente agrega que también será pasible de sanción aquel docente que por inobservancia de los deberes a su cargo, negligencia o impericia, produzca un efecto dañoso a título de autor o facilite la afección por parte de un tercero de la regular prestación del Servicio Público Educativo.
Más claro imposible. Pero aún resta saber hasta dónde quiere llegar el Gobierno con las sanciones por el paro, porque si bien en la norma se especifica la aplicación desde descuentos de sueldos hasta sanciones más graves, no está claro cuál será el criterio, la vara que utilizará el ministerio de Educación para castigar la conducta de los insurrectos.
Es probable que también se le presente una controversia legal. Es que por el imperio de la conciliación obligatoria, ambas partes (el Gobierno y los gremios docentes) se deben abstener de ejecutar acciones unilateralmente que pongan en riesgo las negociaciones.
Los gremios locales por sí mismos no pueden romper la conciliación, y por lo tanto, no pueden tomar una medida de fuerza. Tampoco puede el Gobierno accionar contra ellos.
La primera audiencia de conciliación se hará mañana, y si bien los gremios se comprometieron a asistir, es casi seguro que las posiciones se mantendrán como hasta ahora y no habrá acuerdo.
