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Empezó la pulseada salarial entre gremios estatales y el Gobierno

El intendente de la Capital, Raúl Jalil, recibió al SOEM. ATE, como el año pasado, pide una suma fija de 1.500 pesos. El 25 adhiere al paro nacional.
18 de febrero de 2013 - 00:00
El Sindicato de Empleados Municipales (SOEM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) iniciaron el pedido de incremento salarial. Los dos gremios ya elevaron notas a las autoridades correspondientes. En ese marco, el SOEM se reunió ayer con el intendente de la Capital, Raúl Jalil, para continuar con las negociaciones iniciadas el año pasado, por el incremento en los montos del complemento salarial. Al término del encuentro, el titular del gremio, Justo Barros, manifestó que hubo avances en las negociaciones, y adelantó que hoy, en una nueva reunión se terminaría de definir la recomposición. Nosotros estamos en la misma sintonía que todos los gremios, pero este pedido es independiente de lo que pueda otorgar la provincia, aclaró Barros. En esa línea, consideró indispensable incrementar la canasta para los municipales de la Capital. El monto en la Canasta que perciben los municipales de la Capital es irrisorio, solicitamos que se equipare con lo que cobra un empleado público de la Provincia, señaló.



Barros comentó que las negociaciones se realizan desde hace tres meses. Y prefirió no dar detalles con respecto al monto hasta que se logre arribar a un acuerdo con el Ejecutivo. No queremos hablar de montos para no confundir a nadie, aclaró. Aunque adelantó que será una ayuda importante para los trabajadores. También explicó que el incremento que solicitan es en el monto que los trabajadores cobran en negro.



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En la reunión también se evaluó la modificación general del régimen de complementos adicionales. La intención es reestructurar el estatuto municipal en lo referido a los adicionales. Para ello se va a trabajar en un proyecto de ordenanza que se enviará al Concejo Deliberante.



En ese marco, autoridades municipales y del gremio coincidieron en señalar que es imperioso incluir en el estatuto algunas actividades cuya exigencia amerita una retribución extra hacia el trabajador, mientras que hay otras que han quedado en desuso por la modernización del sistema.



ATE, por su parte, elevó el pedido de incremento salarial a la gobernadora, Lucía Corpacci, el 6 de este mes. Solicitan, al igual que el año pasado, una suma fija de 1.500 pesos, además de la equiparación en los montos de las asignaciones familiares con las nacionales. Actualmente un agente público percibe 60 pesos, mientras que a nivel nacional el monto es de aproximadamente 300 pesos. Esperamos que la Gobernadora nos atienda. Tenemos la expectativa de llegar a un acuerdo para los empleados de toda la provincia, expresó el secretario adjunto del gremio, Ricardo Arévalo. Además consideró que el aumento tiene que tener el mismo impacto en los empleados municipales y provinciales. Que sea justo, como pasó con el regalo de fin de año que fue para todos, manifestó al señalar que los trabajadores del interior perciben un sueldo más bajo.



Finalmente, anticipó que los gremios de la provincia adherirán al paro nacional del próximo lunes 25. Y advirtió que si hasta marzo no hay respuestas del Gobierno iniciarán medidas de fuerza.



Aumento sólo en cuatro municipios



Arévalo recordó que el año pasado, a pesar del reclamo de agentes municipales por arribar a los 750 pesos de aumento otorgados por la provincia, sólo cuatro municipios lograron otorgar esa suma.



No podemos aceptar menos de 1.500 pesos, como nos pasó el año pasado cuando el Gobierno anunció 750 pesos y casi ningún Intendente logró arribar a esa cifra. Sólo pagaron 400 ó 500 pesos de incremento, y eso no alcanza al bolsillo del trabajador, indicó.



A mediados 2012, empleados municipales del interior provincial agrupados en ATE, iniciaron medidas de fuerza, ante la imposibilidad de casi todos los jefes comunales de otorgar los 750 pesos anunciados por la Gobernadora durante su discurso ante la Asamblea legislativa.



El conflicto se agravó ya que se extendió en 22 comunas. Se dictaron audiencias de conciliación obligatorias en las comunas en conflicto, pero casi en ninguna se arribó a un acuerdo concreto.



Finalmente, los municipales decidieron aceptar las sumas que cada intendente estaba en condiciones de otorgar.



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