sábado 21 de noviembre de 2026

Es imprescindible reconstruir la autoridad

Atribuir solo a la revuelta policial el prepotente y violento perfil de las manifestaciones salariales es tentador por lo simple, pero errado. Aunque es cierto que el motín catamarqueño se inscribió en las rebeliones policiales disparadas desde Córdoba, no lo es menos que fue también la exposición más nítida de un poder político carente de autoridad, y en consecuencia impotente para gestionar los conflictos.



El Gobierno estuvo sitiado durante 16 horas en su sede, con la propia gobernadora Lucía Corpacci privada de su libertad, y cedió a la extorsión policíaca con un incremento salarial del 44% y, hasta ahora al menos, la impunidad para los ideólogos y ejecutores de un acto de sedición. Si el incremento logrado por las fuerzas de seguridad estableció la referencia económica para la escalada de reclamos en el resto de los sectores de la Administración Pública, la rendición incondicional de las autoridades perfeccionó la legitimación del chantaje como mecanismo de presión.



La secuencia del desmadre, que tuvo otro episodio crítico ayer con las amenazas de los municipales contra el intendente capitalino Raúl Jalil, no se inició con la sedición de los policías. Se cebó en el retroceso paulatino y sostenido de la capacidad del Estado para garantizar el orden público. El motín policial engarzó en ese proceso.



Como el Gobierno, también fueron sitiados en su momento por pandillas de delincuentes y marginales la misma Policía, en la Comisaría Séptima, junto a los aterrorizados vecinos del barrio Parque América, y los fiscales del Poder Judicial, en el edificio de la Fiscalía de calle Junín, sin que ninguno de los responsables de estos asedios previos al de Casa de Gobierno sufriera sanción alguna.



En medio de estos picos de tensión, aún impunes, los catamarqueños asistieron a una peligrosa ampliación de los márgenes de tolerancia oficial para el despropósito y los atropellos, que hoy revela sus nefastas consecuencias.



El Gobierno le dio rango de interlocutores legítimos a caudillejos de micropiquetes armados para exigir cualquier cosa, muchos de ellos prontuariados. Imbuidos por un ingenuo buenismo, bajaban los funcionarios a atender los requerimientos de cualquier grupúsculo que se les arracimaba en Plaza 25 de Mayo, otorgaban audiencias y cedían a las pretensiones sin mayores trámites.



Tal celeridad para resolver las inquietudes de revoltosos ayunos de representatividad confirmó la eficacia del método. Pronto incorporó las usurpaciones de tierras y viviendas del IPV, que también fueron premiadas con el otorgamiento de terrenos y casas. Incluso se anularon adjudicaciones lícitas de viviendas para entregárselas a quienes las habían ocupado, mientras algunos funcionarios argumentaban sobre usurpaciones buenas y usurpaciones malas.



El Gobierno no solo no sanciona a quienes violan la ley; los privilegia en desmedro de quienes la respetan.



Legisla de facto con su permisiva conducta: violar la ley y el derecho de los demás genera en Catamarca un derecho para el contraventor y una carga para los zonzos que se atienen a procedimientos regulares.

El aporte de la casta



La convicción generalizada de que el Gobierno teme imponer su autoridad, bajo la que prosperan numerosos malandras ataviados de luchadores sociales, se conjuga con la irresponsabilidad de la casta política.



Legitimó por un lado el Gobierno la prepotencia y el atropello al admitir a sus personeros como interlocutores válidos. La casta política hizo lo propio por su parte al dedicarse con exclusividad a resguardar sus privilegios de la amenaza del ajuste.



El ejemplo cunde peor que cizaña. Mientras los recursos públicos se contraen, la Legislatura catamarqueña pretende un aumento de sus canonjías del 50%, y el Concejo Deliberante de la Capital, para no ser menos, se autoadjudica asignaciones por un 48% más para el próximo año.



Nada ha dicho sobre esto el Gobierno, como nada ha dicho de las designaciones y los pases a planta permanente a mansalva en el Poder Legislativo. Su silencio avala la angurria, de modo que a la falta de autoridad devenida del temor a utilizar los instrumentos que la ley le proporciona para garantizar el orden público, suma la falta de autoridad moral y política para pedir sensatez y mesura en la discusión salarial.



Ha tejido así las redes que lo aprisionan. Es imposible otorgar un aumento como el de los policías a toda la Administración Pública, pero si no cincha a la casta política, mal puede aspirar a cinchar a los ciudadanos rasos.



La red que la prescindencia ante los abusos y la irresponsabilidad que tramaron también afecta al sector privado. Los sueldos del sector público son referencia ineludible, y si el Estado no puede sostener un aumento como el que pretenden sus empleados, menos podrá hacerlo el que vive de la actividad privada con los suyos.

Reconstrucción impostergable



En esta compleja coyuntura, el aumento salarial impagable es el problema menos grave. Es prioritario para el Gobierno revertir el proceso de descomposición de su autoridad si pretende llevar adelante cualquier negociación bajo parámetros razonables.



En nada contribuyen en tal sentido el lanzamiento anticipado de candidaturas ni las alharacas de los adulones.



No avanzará un ápice si continúa tolerando desbordes, pues de esta actitud surge la conclusión de que los desbordes constituyen argumentos.



Ya es una señal inquietante omitir las sanciones a los policías sediciosos. Pero los policías están ahora muy bien pagos, por lo que puede exigírseles que actúen ante las agresiones y la destrucción de los bienes públicos. La confusión del respeto al derecho a protestar y peticionar con la habilitación para el ataque y la violencia no puede seguir sin consecuencias graves. Es ya evidente el aprovechamiento para perpetrar cualquier desatino que muchos hacen de la renuencia a reprimir del Gobierno.



La recuperación de la decisión de recurrir a la fuerza pública cuando sea necesario resultaría de todos modos insuficiente si el poder político no recupera autoridad moral y política. Tiene que demostrar que el esfuerzo económico que solicita, ineludible, será parejo. Para esto, la casta política no solo no puede quedar exenta de él, sino que debe hacer el aporte mayor.



El aumento a los policías es imposible de generalizar. Se trata de un aumento extraordinario, en el marco de una situación también extraordinaria. Pero si las imposibilidades materiales son insalvables, del cambio de actitud del Gobierno depende sortear los obstáculos políticos que él mismo se impuso por acción y omisión. Si no lo hace, si persiste en lo que lo ha limitado a una posición defensiva permanente, seguirá avanzando hacia un peligroso vacío, al que arrastrará a toda la sociedad catamarqueña.



Seguí leyendo

Te Puede Interesar