EL MIRADOR POLITICO.El compromiso de pagar 5.000 mil millones de dólares a Repsol por la expropiación del 51%...
El compromiso de pagar 5.000 mil millones de dólares a Repsol por la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF marca el derrumbe del relato épico que el Gobierno nacional esgrime para justificar sus desmesuras.
La gesta patriótica de la re-estatización unilateral de la empresa petrolera, festejada con estruendo casi unánime en abril del año pasado, concluye en un retorno a la moderación; el arranque de altivez adolescente, en la admisión de la impotencia. Quien suscribe el acuerdo es el mismo Axel Kicillof que calificó de tarados a quienes planteaban la conveniencia de pagar la indemnización a los españoles expropiados, ahora blanqueado en su rol de ministro de Economía.
Las bravuconadas demagógicas se rinden ante la cruel realidad: la Argentina debe pagar para acceder al mercado de capitales del que sus gobernantes pretendieron prescindir pese a la sostenida sangría de reservas que demanda la política económica, entre otras cosas por la necesidad de importar, precisamente, combustible para la energía.
Las veleidades autonomistas resultaron puro jarabe de pico, pero salieron muy caras. A los 5.000 millones de dólares y el derecho a participar de la explotación de Vaca Muerta erogados a los antes denostados propietarios de YPF deben sumarse otros 3.000 millones de pesos de deuda que el país tuvo que tomar para afrontar el pago de juicios perdidos interpuestos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) por firmas prestadoras en la Argentina de servicios privatizados y luego reestatizados.
Entre las empresas favorecidas por este acuerdo se encuentran Vivendi, propietaria de Aguas de Aconquija, que rescindió la concesión del servicio de agua potable y cloacas con Tucumán en 1997, y Azurix Corp, que hizo lo mismo con el Gobierno de Buenos Aires en 2001. El grupo de firmas que obtuvieron laudos favorables del Ciadi se completa con Blue Ridge (titular del reclamo de CMS Gas), CC-WB (titular del reclamo de Continental Casualty). También entró en el convenio NG-UN Holdings, tenedora del litigio de National Grid, propietaria de Transener, que reclamó ante la Uncitral.
Antes de los recambios en el gabinete, durante el interinato de Amado Boudou, el Gobierno acordó pagarles a todas un total de 677 millones de dólares. Repsol también había interpuesto el reclamo por la expropiación ante el Ciadi. Salvo las adjetivaciones de los voceros del modelo nacional y popular, no había ningún motivo para suponer que la sentencia en su caso sería diferente a la obtenida por las otras corporaciones.
El antecesor de Jorge Milton Capitanich en la Jefatura de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijo cuando se habilitó el pago a los grupos avalados por el Ciadi que era clarito el camino de retirarse de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados en la década del 90 para atraer capitales y escapar de ese tipo de mecanismos que atan los destinos argentinos a tribunales de otros países. Tan independista criterio no se tuvo en cuenta para los convenios entre la YPF estatizada y Chevron por 1.340 millones de dólares, que estableció a Francia como el lugar de constitución de un órgano arbitral. Abal Medina, de todas formas, admitió que la negativa a acatar los fallos del Ciadi venía complicando cuestiones vinculadas al Banco Mundial.
Misión imposible
La disciplina gubernamental fue asumida cuando se advirtió la incompatibilidad entre negarse a reconocer reclamos de acreedores invariablemente calificados como canallas y la orden presidencial de obtener fondos y créditos para oxigenar el modelo exhausto por la sangría de reservas. Es por el agotamiento financiero que Cristina Fernández avaló las negociaciones con el otrora vituperado FMI y el Club de París, al que se le adeudan 9.600 millones de dólares.
Además de las complicaciones con el Banco Mundial aludidas por Abal Medina, estaban las complicaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde los Estados Unidos mantienen desde hace dos años el veto sobre las solicitudes de créditos argentinos como represalia a la reticencia del país a pagarle a sus acreedores. El presidente Barack Obama explicó al ordenar el veto que la propia legislación norteamericana establecía tales represalias contra quienes no honraran los fallos internacionales favorables a firmas de su país. Lo mismo informó al Congreso estadounidense la directora de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro norteamericano, Marisa Lago, cuando justificó el veto en el Ciadi en que la Argentina no paga las sentencias en el Ciadi del Banco Mundial y se niega a negociar con los acreedores y a involucrarse con los organismos internacionales.
El rechazo de los Estados Unidos fue acompañado en ocasiones por Alemania, Japón y Gran Bretaña. Luego de la expropiación de YPF se sumó España.
La Comunidad Económica Europea añadió otro elemento de presión con el bloqueo a las compras de biodiesel argentino, producto en cuyo desarrollo el país invirtió miles de millones de pesos.
Al claudicar en su prédica antiimperialista, Argentina no hace más que tratar de salir del Veraz internacional para que vuelvan a prestarle.
Otras deudas políticas se han asumido en el camino. La presidenta Cristina Fernández agradeció a su par mejicano, Enrique Peña Nieto, el preponderante rol que asumió el director general de la petrolera mexicana Pemex, Emilio Lozoya, para el acuerdo con Repsol. Resta saber si este agradecimiento bastará para que los mejicanos olviden que en junio de 2012 la Argentina suspendió en menos de 24 horas, unilateralmente, el pacto de complementariedad económica vigente de la industria automotriz con el país azteca, que a raíz de tal decisión vio caer en forma vertiginosa la oferta de sus vehículos en el mercado argentino.
Por lo pronto, Pemex formaba parte del grupo al que se le expropió YPF, de modo que ligará la indemnización, que incluye la participación en la explotación de Vaca Muerta.
Maniobras
Los desembolsos pactados en beneficio del capital combatido se eslabonan con los cambios en el gabinete para intentar recobrar crédito político.
Kicillof se desempeña ya regularmente en el Ministerio de Economía, puesto que venía ocupando de facto. Abal Medina fue desplazado por el chaqueño Capitanich como jefe de Gabinete, se reemplazó la conducción del Banco Central y se eyectó a Guillermo Moreno de la Secretaría de Comercio Interior.
El Gobierno espera con estas maniobras neutralizar a la oposición, que lo acompañó en los festejos por la estatización de YPF y que ahora hay que pagar sin advertir el costo de la medida. A eso se suman los desplantes y el ejercicio sistemático de la soberbia, que perjudicaban al país en términos de credibilidad, elemento esencial para el acceso al crédito como sabe cualquiera que haya intentado obtener un préstamo.
Dada la incompetencia opositora, quizás le alcance.
CAJÓN
La gesta patriótica de la re-estatización unilateral de YPF, festejada con estruendo casi unánime en abril del año pasado, concluye en un retorno a la moderación; el arranque de altivez adolescente, en la admisión de la impotencia.