13 de noviembre de 2013 - 00:00
No pasa nada
La causa está en el Juzgado Civil N° 4, a cargo de Silvina Millán. Allí, la jueza en feria Susana Inés Moreno ordenó la suspensión de los trabajos hasta resolver la cuestión de fondo el 26 de julio. El caso está trabado en chicanas procesales de Seervicios Públicos.
Mientras tanto, el ministro del área, Luis Romero, sigue en su puesto. En su última incursión mediática dijo que hacen falta 2 mil millones de pesos y cinco años para resolver la crisis energética, pese a las contrataciones directas por millones de pesos que se autorizaron por la ley de Emergencia de los Servicios, bajo la cual se acordó el tendido sobre El Portezuelo.
Tampoco se han registrado novedades en torno a la causa judicial por las 300 hectáreas que el IPV compró en el sudoeste capitalino a 20 millones de pesos para la edificación de una ciudad-satélite de al menos 4.500 viviendas. El proyecto fue ratificado en varias oportunidades por caracterizados voceros del Gobierno que, a dos años de haber asumido, todavía no termina de entregar 1.300 casas licitadas, bajo sospechas de cartelización, que tampoco merecieron reparos judiciales, a principios de la gestión.
El procedimiento para la adquisición de las tierras para la ciudad-satélite fue objetado por otros oferentes. Para concretar la ambiciosa iniciativa se necesitan multimillonarias inversiones en caminos de acceso, puentes, energía, cloacas y agua.
El Concejo Deliberante de la Capital planteó el incumplimiento de varias ordenanzas municipales y advirtió sobre la existencia de reservas arqueológicas en la zona. Los concejales de la oposición denunciaron que se reformularon normativas municipales con el objeto de habilitar el predio. Elevaron estas actuaciones, con gran cantidad de elementos probatorios, a la Fiscalía General, que a su vez las giró en agosto a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Allí, el fiscal Marcelo Sago se limitó hasta ahora a requerir un par de informes, sin que la investigación avance en lo más mínimo.
El proyecto del call center es otro caso donde la inacción judicial resulta injustificable. El escándalo estalló cuando El Ancasti reveló detalles del convenio que el Gobierno pensaba firmar con la empresa Task Solutions, en el que comprometían millonarios recursos públicos para subsidiar el sueldo de los empleados de la firma y el pago del alquiler del local en el que se instalaría, cuyo acondicionamiento también estaría a cargo del Estado. El convenio había sido enviado por la subsecretaría de Promoción de Inversiones al Concejo Deliberante, que debía aprobarlo porque involucraba recursos municipales. La titular del organismo, Liliana Álvarez, aclaró luego que se había tratado de un error.
El acuerdo entre el Gobierno y Task Solutions no había seguido el trámite administrativo regular. Carecía, por tanto, de habilitación, pues ni siquiera se había pronunciado acerca de su legalidad la Asesoría General de Gobierno o Contaduría.
Todo se reinició desde cero y aún está pendiente de resolución, pero de todas maneras el Ministerio de Servicios Públicos a cargo de Rubén Dusso inició los trabajos de refacción del galpón de la ex Garelli para instalar el call center. La decisión de Dusso contraviene la ley de Obras Públicas, que establece sin margen para dudas la obligatoriedad de que los estudios y proyectos estén aprobados antes de destrabar cualquier erogación del erario tendiente a su ejecución. No existe en la normativa legal el gasto por las dudas se hagan las cosas.
Dusso explicó públicamente que había iniciado los trabajos a pesar de que el desenlace del trámite administrativo era incierto, porque la puesta en marcha del call center era una decisión política del Gobierno. No son pocas las incertidumbres. Aparte de la falta de intervención de organismos ineludibles en cualquier procedimiento administrativo, podría haber incumplimientos de la ley de Administración Financiera en cuanto al presupuesto de los recursos comprometidos, la convocatoria a otros eventuales interesados y el cumplimiento de los pasos legales para seleccionar a la beneficiaria. Sin embargo, nada de esto puede para Dusso estar por encima de la voluntad política del Gobierno.
Nada de lo consignado mereció interés de fiscal o juez alguno para actuar de oficio en pos de preservar el patrimonio público. A ningún integrante del Poder Judicial se le ocurrió convocar a Dusso para que explique los alcances de sus manifestaciones, pese a que podría estar incurso en incumplimiento de los deberes de funcionario públicos. Ahora los trabajos en el galpón de Garelli están suspendidos. ¿Y el gasto ya realizado? ¿Nadie se va a hacer cargo?
En los casos de la Cuesta de El Portezuelo, la ciudad-satélite y el call center las irregularidades son públicas y notorias. Al Poder Ejecutivo no le interesa. Evidentemente, tampoco a la Justicia.
En Catamarca se puede cometer cualquier tropelía o irresponsabilidad y no pasa nada.
CAJON
La acumulación de elementos probatorios e información de público conocimiento no alcanzan a conmover el espíritu inquisitivo de jueces y fiscales.
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