Guaraz dijo que él mismo se autorizó a cortar la ruta

El intendente kirchnerista sostiene que el único que autoriza es el municipio.

24 de septiembre de 2012 - 00:00

Lejos de reconocer el abuso de autoridad y el atentado contra las normas de seguridad vial, el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, consideró que, dentro de su jurisdicción, está habilitado para cortar la ruta nacional N° 64 en pos de cualquier tipo de festejo organizado por la comuna. Y señaló que no fue notificado de la denuncia penal que radicó en su contra, ante la Fiscalía Federal, el Distrito Catamarca de Vialidad Nacional, por el corte de ruta sin autorización realizado el pasado jueves 20 y parte del 21 del corriente, por los festejos del Día del Estudiante y llegada de la Primavera en la localidad de Bañado de Ovanta.

El jefe comunal señaló que en su jurisdicción es quien adopta todo tipo de resoluciones. El único que autoriza es el municipio (de Santa Rosa). Cuando se organiza algo privado, siempre el vecino recurre a solicitar el servicio (por autorización) del municipio. Nosotros somos quienes autorizamos; es decir, cuando se trata de un evento de esta naturaleza, algo grande, provincial (como la fiesta por el Día del Estudiante), manifestó escuetamente Guaraz en declaraciones a Radio Valle Viejo.

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Y fiel a su estilo, se mostró desafiante con las autoridades locales de Vialidad Nacional. Si tienen algún problema, que me lo hagan llegar, dijo con tono irónico el intendente kirchnerista. A su vez, subrayó fue no fue notificado sobre la denuncia radicada en la Justicia Federal. No, nada por el corte de ruta, indicó displicente Guaraz.

El polémico intendente, acompañado por personal a su cargo, también cortó la ruta nacional N° 64 a fines de agosto pasado con el objeto de realizar los festejos del Día del Niño en la jurisdicción de Los Altos.

En el foro judicial

La denuncia penal radicada por Vialidad Nacional (VN) la semana pasada ante la Fiscalía Federal de Catamarca fue en los términos del artículo 194° del Código Penal, que prevé penas de entre tres meses y dos años a toda persona que entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación. Y señalaron el riesgo que corrieron los usuarios de la ruta. Los abogados del VN ampliaron luego la denuncia por daños ocasionados sobre el pavimento, los cuales fueron determinados por personal técnico del organismo nacional.