El Gobierno quiere modificar la ley del Consejo de la Magistratura
Consideran que debe existir la institución para seleccionar jueces. Pero la normativa debe modificarse para garantizar la transparencia en los concursos.
El asesor general del Gobierno, Mario Mayorga, se reunió ayer con la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva, para acercar posiciones con respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La intención del Gobierno es rescatar los concursos que quedaron inconclusos y luego trabajar en la modificación de la ley por la que se creó la institución para la selección de funcionarios judiciales.
Con esta estrategia, el Gobierno revisó la decisión que la mayoría oficialista tomó en la última reunión del Consejo de la Magistratura al suspender los concursos para cubrir vacantes en el Poder Judicial por considerar que la ley es inconstitucional.
En diálogo con El Ancasti, Mayorga avaló la disposición desde una visión política pero aseguró que la gobernadora, Lucía Corpacci, le encomendó buscar una salida porque hay un problema institucional serio a partir de la suspensión de los concursos.
Estamos en una situación sin salida. La opinión de la Gobernadora es que sin perjuicio de que hay razones en el planteo que realizaron diputados y representantes del Colegio de Abogados, es necesaria una salida para esta institución, comentó.
Mayorga coincidió con la argumentación de quienes señalan que la ley por la que se creó el Consejo de la Magistratura avanza sobre facultades que la Gobernadora tiene garantizada por la Constitución (art. 218) cuando establece que las vacantes judiciales deberán ser provistas por el Poder Ejecutivo.
En esta misma línea, el funcionario consideró que es necesario modificar la ley porque hay vicios en los concursos. Indicó que no hay pruebas para demostrar las irregularidades pero señaló que en el foro local se conoce que la transparencia no estaba garantizada.
Es sano que haya un Consejo de la Magistratura para que de esos concursos salgan los mejores jueces en quienes podamos confiar. Lo que ocurre es que hay una sospecha que en los concursos los procedimientos se manipulan y se avalan jueces que no son los mejores, definió. Este Consejo, así como está, no puede seguir porque su funcionamiento se sigue tiñendo de sospecha, agregó.
Hubo una reacción política porque la Corte se involucró en cuestiones políticas, indicó el asesor de Gobierno y mencionó el fallo por la banca del diputado Arturo Aguirre y la aceptación del conflicto de poderes que planteó la Cámara de Senadores por el pliego del fiscal de Estado, Marcos Denett.
La salida
Mayorga definió como positivo el primer encuentro con Sesto de Leiva. En lo inmediato, la primera medida del Gobierno es rescatar la documentación de los concursos que se estaban sustanciando para cubrir dos cargos de jueces de Menores, juez de Cámara de Apelación y fiscal de Instrucción. A mediano plazo se pretende abrir el debate para modificar la ley y permitir que más actores se involucren en la selección de magistrados.
Explicó que ante el planteo político que se realizó correspondería que se declare la inconstitucionalidad de la ley por reglamentar más allá de la Constitución. Sin embargo, el Gobierno evaluó que ese es un camino largo que implicaría también plantear una acción de nulidad sobre los concursos que ya se realizaron en base a esa normativa. La acción judicial puede llevar varios años y se involucra a jueces que tienen derechos adquiridos, indicó.
Preocupación del Foro Federal
El Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), que se reunió en Buenos Aires, expresó su preocupación por la determinación adoptada a partir de la suspensión de los concursos públicos para la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial.
La institución que preside Luis Enrique Rubio reúne a representantes de los Consejos de 17 provincias. El FOFECMA reafirma la importancia de los Consejos de la Magistratura, en tanto órganos de conformación plural, concebidos para reforzar la independencia del Poder Judicial mediante la celebración de procesos de selección transparentes para el acceso a la judicatura, indican en un comunicado.
Más adelante considera que los concursos son una garantía institucional para los ciudadanos al posibilitar que los cargos vacantes sean cubiertos luego de un procedimiento reglado que garantiza la igualdad de oportunidades.
