La nueva reglamentación de Sistema Policial Provincial y del Servicio Penitenciario apunta a lograr, según los fundamentos del proyecto, una minimización funcional de la institución policial. Esto supone una refuncionalización de unidades operativas y la reasignación de personal que actualmente se encuentra cumpliendo tareas no policiales.
Fuera del ámbito policial, bajo la férula directa de la Secretaría de Seguridad, funcionará la Dirección de Asuntos Internos para el control policial y del Servicio Penitenciario. La misma realizará la instrucción de los sumarios administrativos policiales y penitenciarios y la investigación de las conductas típicas. Actualmente esta tarea la realizan los propios policías, quienes resuelven los sumarios de sus pares. La intención ahora es detectar las faltas administrativas y los abusos institucionales, y evitar la sujeción y manipulación del control policial, argumenta el Gobierno.
También se crea la Defensoría del Personal Policial y Penitenciario a cargo de un funcionario civil, que será designado por el Gobierno. Y se regula el sistema de seguridad privada.
