Diputados del Frente Cívico y Social (FCS) ingresaron ayer un proyecto de resolución a través del cual solicitan al ministro de Gobierno y Justicia, Francisco Gordillo, que remita informes a la Cámara baja por la posible sanción que podría caberles a funcionarios policiales que habrían actuado en un procedimiento antidrogas, en el que estaría involucrado el hijo de una legisladora provincial.
Los legisladores exponen su preocupación en la iniciativa ante un posible hecho que podría sentar un mal precedente, coartando la función de las instituciones que velan por el bien general de la sociedad.
Admitir prerrogativas de cualquier naturaleza resulta inadmisible desde todo punto de vista. ¿Cuáles son las prerrogativas especiales que permitirían a un legislador provincial plantear, requerir o exigir por parte de los organismos de seguridad explicaciones particulares frente a hechos delictivos que podrían involucrar a su entorno familiar? Sería sentar un precedente peligroso, cuando no nefasto, aceptar este tipo de inconductas, evidentemente conculcantes de los derechos y la seguridad jurídica, sostienen en los fundamentos los diputados de la oposición.
Piden a Gordillo que informe: nombre de los policías que podrían ser apercibidos por haber cumplimentado el procedimiento de prevención el miércoles 17 de agosto del corriente; reparticiones intervinientes; copia de las actas de verificación de las sustancias secuestradas en el procedimiento de marras; copia de las actas de detención y traslado de las personas demoradas en el procedimiento; copia de las actas de liberación de las personas demoradas en el procedimiento; copias de los partes de prensa cursados desde la dependencia policial o desde Jefatura sobre el procedimiento; actuaciones realizadas desde la Jefatura de Policía para verificar si los procedimientos adolecieron de vicios o fallas que pudiesen derivar en la sanción de alguno de los funcionarios policiales; y situación actual de servicio de los funcionarios intervinientes.
