La Justicia considera que la Corte no es responsable, ya que pertenece al Poder Ejecutivo.
El juez de Control de Garantías, Porfirio Acuña, desestimó la denuncia presentada por diputados del FV en contra de miembros de la Corte de Justicia de la provincia por el fallecimiento de cuatro menores en el incendio de la Alcaidía, ocurrido en septiembre del año pasado.
La Justicia no encuadró el hecho en un ilícito penal, ya que considera que la responsabilidad no recae en los miembros de la Corte, al estar la Alcaidía bajo la órbita del Ministerio de Gobierno.
En la resolución, además, Acuña consideró que tampoco puede endilgarse a los miembros de la Corte responsabilidad funcional por los actos y decisiones tomadas por los funcionarios judiciales al decidir alojar a los menores en la Alcaidía.
La denuncia fue presentada por los diputados Miguel Figueroa Vicario, Roberto Perrota, Néstor Tomassi y Fidel Sáenz. Los legisladores responsabilizaron al personal policial y a las juezas de Menores Ilda del Valle Figueroa y Ana María Nieto por el mal funcionamiento del sistema carcelario, que, a su criterio, no contaba con las condiciones mínimas de seguridad.
En ese contexto, presentaron la denuncia ante la Fiscalía General solicitando una investigación jurisdiccional en contra de los miembros de la Corte de Justicia. En los argumentos, los legisladores caracterizaron de arbitraria la actuación de las juezas, por tener bajo su responsabilidad la custodia de los menores de manera ilegal, ya que se excedieron en el tiempo de detención de éstos. Se los mantuvo detenidos sin razón valedera durante 23 días por hurtos menores, manifiestan en parte del escrito presentado ante las autoridades judiciales. Además remarcaron varias irregularidades en el funcionamiento del edificio, entre ellas que el lugar no estaba habilitado por ninguna autoridad competente, carecía de un sistema hidrófugo para la extinción del fuego mediante dispositivos que se activen automáticamente ante la presencia de humo o calor, los matafuegos eran insuficientes, y la obra no se encontraba terminada. Para los legisladores, los miembros de la Corte debían estar al tanto de las deficiencias en el lugar, ya que tenían la obligación de realizar inspecciones periódicas al edificio.
