Servicios Públicos elevó un informe a la Fiscalía de Estado por supuestas irregularidades.
El Ministerio de Servicios Públicos, a cargo de Julio Molina, elevó a la Fiscalía de Estado un informe sobre la situación en que se encuentra la línea de alta tensión Ampajango-Santa María, donde se detectaron irregularidades antes y después de que el contrato fuera rescindido y la obra reconcesionada.
Según el informe, al momento de la rescisión con la empresa ALMACOR la obra sólo registraba un avance real del 60% , pero contaba con certificaciones por un 88%. Pese a esta sobrecertificación, la Subsecretaría de Servicios Públicos y la firma acordaron la rescisión de común acuerdo, es decir, sin posibilidades de aplicar sanción alguna a la empresa y en perjuicio del erario.
En el acta de rescisión, dice el informe de Servicios Públicos, tampoco se asentaron las causales que originaron la anulación del contrato.
La aprobación de la rescisión así acordada por parte del Gobierno se realizó por decreto diez meses después del acuerdo, en plena transición y a sólo cuatro meses de la entrega de mando.
Readjudicación
No obstante, posteriormente la obra se adjudicó a través de un concurso de precios a la empresa Maker s Construcciones por un monto de $750.000 y con un adelanto financiero de $375.000, esto es el 50% del total.
En esta readjudicación no se especificó el detalle del faltante de obra para hacer una certificación correcta ni se especificaron las estructuras y conductores faltantes para concluirla, entre otras cosas.
De este modo, la línea Ampajango-Santa María sería una obra irregular e ilegalmente rescindida, adjudicada luego en forma también irregular a otra empresa que recibió un anticipo financiero del 50% sin haber realizado nada.
A criterio del Ministerio de Servicios Públicos, la situación bajo sospecha involucra a la plana mayor del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la gestión anterior, encabezado por Juan Acuña con Rafael Assante como subsecretario, y al propio Gobernador Eduardo Brizuela del Moral.
