Consideran que el ex gobernador conocía las irregularidades
El titular de la oficina Anticorrupción, Tomás Aybar, consideró que el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral estaba al tanto de las irregularidades detectadas en la rendición de cuentas de inversión durante su gestión. Tras conocerse la denuncia presentada por la oficina Anticorrupción ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, en contra del ex gobernador y su gabinete, Aybar explicó que el Gobierno tendría que conocer el manejo de los fondos en cada uno de los organismos que lo conforman. El monto del que estamos hablando ameritaba que se ordene una investigación del destino de los fondos, acotó.
Cuestionó además la falta de documentación respaldatoria de las inversiones y comentó que en algunos casos no estaba acreditado en qué se gastaron los fondos que se recibieron.
Aybar mencionó los 24 organismos involucrados a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), la Secretaría de Deportes y la Secretaría Privada de la Gobernación. Los organismos no han cumplido adecuadamente y en otros casos directamente no rindieron cuenta de los fondos públicos que le fueron confiados a estos funcionarios. En esa situación hay varios organismos de distintos ministerios, remarcó.
Hay alrededor de 150 millones de pesos que se recibieron cuyo destino no está especificado. Mientras que los fondos administrados con algún tipo de irregularidad llegan a los 2.000 millones, especificó.
En cuanto a la denuncia, explicó que el Poder Ejecutivo recibió un informe del Tribunal de Cuentas en el que se marcaban las irregularidades en la rendición de cuentas de los fondos de inversión de 2008 y 2009, y a partir de ahí se decidió hacer la presentación judicial en contra del ex gobernador y sus funcionarios para determinar responsabilidades.
Finalmente, en respuesta a las acusaciones del FCS sobre persecución política del actual Gobierno, Aybar explicó que estaban obligados a realizar la denuncia, pues de otro modo iban a incurrir en el delito de encubrimiento. Hicimos las presentaciones en función de nuestra condición de funcionarios públicos. Si hay un delito tenemos la obligación de denunciarlo ante la justicia penal, con más razón si es evidente la existencia de una contravención, concluyó.
